La Corte Suprema de Justicia de Chile emitirá este viernes su fallo respecto del amparo presentado por Bolivia para liberar a los nueve funcionarios bolivianos detenidos en ese país mientras luchaban contra el contrabando y que fue rechazado en primera instancia por una corte de Iquique.
La defensa legal boliviana expuso ayer sus alegatos que se fundamentaron en que los funcionarios cumplían con su labor de lucha contra un delito transnacional cuando fueron detenidos. El Tribunal pospuso hasta esta jornada la emisión de su pronunciamiento.
El abogado chileno del equipo boliviano, Roberto Celedón, concurrió a la cita judicial en la que también comparecieron el fiscal de Pozo Almonte Hardy Torres y la abogada del Servicio de Aduanas de Chile Roxana Castro, quienes son parte demandante en el caso.
Los dos militares y siete aduaneros fueron detenidos el 19 de marzo cuando interceptaron un convoy de camiones con mercancía de contrabando por Carabineros de Chile.
Tres días después, el 22 de marzo, un juzgado de Pozo Almonte, en el norte de Chile definió su detención preventiva en el penal de Alto Hospicio por 120 días mientras se realizan las investigaciones a cargo del fiscal Torres.
La Corte de Apelaciones de Iquique rechazó el recurso de amparo para su libertad, por ello la defensa boliviana recurrió a la Corte Suprema de Justicia.
Para este viernes también está prevista la audiencia de cesación o modificación de la detención preventiva que la defensa boliviana instaló ante el Tribunal de Garantías de Iquique.
“Es una imputación que no tiene consistencia, no tiene ninguna seriedad, se escribe en un marco político del conflicto que existe entre Chile y Bolivia”, dijo Celedón.
La relación entre ambos países es compleja debido a los temas pendientes existentes. El gobierno de La Paz decidió demandar a Santiago ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya para que cumpla con sus compromisos hechos a lo largo de la historia con la finalidad de negociar una salida al mar, que arrebató tras la invasión y guerra de 1879.
El gobierno de Michelle Bachelet también acudió a la justicia internacional para reclamar derechos sobre el agua del Silala con el argumento de que es un río de curso internacional. Bolivia rechaza la tesis y reivindica que son parte de un manantial canalizado artificialmente hace más de 100 años.
Para Torres, el fiscal del caso, “todo se tramitó de acuerdo a las legislación chilena en tribunales de Chile, se presentó los medios de prueba que cuentan para fundamentar esta imputación y los tribunales compartieron nuestra apreciación”.
Con el miércoles pasado, se cumplió un mes de la detención de los connacionales. El Gobierno pidió les pidió paciencia y aseguró que hacen “todo lo posible” para liberarlos. (21/04/2017)
