El Subcomité para la Prevención de la Tortura (SPT) que depende de la Organización de Naciones Unidas (ONU) exteriorizó su preocupación por la elevada cifra de detenidos preventivos que existen en las cárceles de Bolivia y que alcanza al 70%; además demandó la independencia del Servicio para la Prevención de la Tortura (Sepret).
El exhorto se efectivizó al término de la segunda visita de nueve días a Bolivia de una misión de ese subórgano, oportunidad en la cual presentó sus observaciones preliminares a las autoridades bolivianas.
La detención preventiva en el país aún representa el 70% de la población carcelaria y tiene un impacto directo en el hacinamiento, reseña una nota institucional publicada en el portal del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
“Reconocemos que se han hecho cambios en las estructuras políticas, institucionales y sociales del país. Sin embargo, se necesita hacer mucho más para traducir esos cambios a una realidad y fortalecer la prevención de la tortura”, señaló el jefe de la delegación, Emilio Ginés Santidrián.
La delegación verificó 23 centros penitenciarios del país, estaciones de policía, centros penitenciarios, centros para adolescentes en conflicto con la ley, celdas judiciales, e inclusive un hospital psiquiátrico para realizar entrevistas con autoridades y personal de esos lugares.
El Gobierno, a través de un plan de reforma normativa, busca revertir esa situación con medidas sustitutivas a la cárcel con el uso, por ejemplo, de manillas electrónicas, la detención domiciliaria y la conciliación.
Además, sostuvo reuniones con autoridades del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), autoridades indígenas, representantes de la sociedad civil y agencias de la ONU, además del Sepret, la entidad designada por Bolivia para el monitoreo de los lugares de detención en el país.
Justamente tras la cita con esa última entidad, el SBT cuestionó su dependencia del Ejecutivo, ya que merma su efectividad.
“Aunque reconocemos el trabajo del Sepret, estamos preocupados porque su independencia se encuentra comprometida debido a su subordinación (establecida por ley) bajo el Ministerio de Justicia”, indicó Ginés.
El Subcomité alista dos informes confidenciales que entregará a Palacio Quemado relacionados con la prevención de la tortura y los malos tratos de personas privadas de la libertad que, demandó, se hagan públicos como lo hace con todos los Estados.
“La independencia funcional y administrativa de los Mecanismos Nacionales de Prevención (MNPs) es la disposición fundamental del Protocolo Opcional de la Convención contra la Tortura (OPCAT) —al que se adhirió Bolivia— y es el elemento de salvaguarda que determina su real efectividad”, sostuvo Ginés.
El papel del SPT es prevenir y eliminar la tortura y los malos tratos que afectan a los detenidos, y tiene un mandato para visitar a todos aquellos Estados parte OPCAT. (16/05/2017)
