La Fiscalía activó una investigación de oficio por intento de violación y lesiones graves en contra del alcalde y tres funcionarios ediles elegidos por el Movimiento Al Socialismo (MAS) del municipio de Tapacarí, en Cochabamba. La víctima es la concejala Erenía Villca (44).
El hecho ocurrió el 5 de mayo, cuando Severino Vargas Zelaya (alcalde), Ignacio Mendoza Poma (concejal), Eugenia Romero (funcionaria de limpieza) y Carlos Calle (chofer de la alcaldía) retornaban de un campeonato de fútbol del municipio rural de Sicaya, Cochabamba.
Según el informe inicial de la investigación del Ministerio Público al que accedió el periódico La Razón, el caso se abrió el 8 de mayo. En primera instancia se recibió la declaración de la víctima y se señaló los delitos que pudieron haber cometido las cuatro personas, “violación en grado de tentativa y lesiones graves y leves”, en diferentes grados de participación.
El documento de la Fiscalía relata la declaración de Villca del 5 de mayo a las 0.30. La concejala contó que cuando estaban a punto de llegar a Parotani, Mendoza la estaba molestando y ella pidió bajarse, pero el chofer aseguró las puertas hasta llegar al río Apharrumani, publica hoy este matutino en su edición impresa.
Luego, el acusado, que es presidente del Concejo Municipal, se abalanzó a la víctima con puñetes y rodillazos en el cuerpo para agredirla sexualmente, intentando despojarla de su ropa interior a la fuerza, al extremo de romperla.
Mendoza afirmó que fue la concejala quien comenzó a agredirle en el trayecto a Parotani, momento en que discutió y peleó con Romero. “Es falso, en ningún momento he golpeado a la concejal, que no calumnie”, aseguró el funcionario.
El informe de la Fiscalía indica que a la fecha se investiga el hecho contándose con el certificado médico forense el cual otorga un impedimento de cuatro días. Sin embargo, el Ministerio Público ha emitido nuevamente requerimiento para valoración médico forense.
La cuenta de la concejala Villca en el hospital Prosalud ascendió a Bs 5.625 y fue la concejala de Cercado Rocío Molina (MAS), quien pagó porque la familia no tenía recursos. El dinero fue conseguido gracias a una colecta.
Mas información en la edición impresa de La Razón. (18/05/2017)
