La Fiscalía de la Región de Tarapacá y el equipo de abogados de los nueve bolivianos detenidos en la cárcel de Alto Hospicio activaron este martes una serie de conversaciones para una salida legal a su detención como el juicio abreviado que –aclararon- “no reconoce delitos” por lo que se abre cuatro posibilidades de sanción, entre ellas la absolución o la expulsión.
Hardy Torres, el fiscal de ese distrito judicial ubicado a 55 kilómetros al este de Iquique, explicó a los periodistas que en primer término se logró un acuerdo para que la audiencia que se fijó para este 25 de mayo sea trasferida para el 20 de junio, precisamente para desarrollar un entendimiento previo entre las partes.
“Efectivamente hay conversaciones entre la defensa boliviana y la Fiscalía a objeto de poder arribar en dicha audiencia a un término distinto de aquel originalmente solicitado por la defensa, dentro del que se incluye el procedimiento abreviado”, reveló Torres a La Estrella de Iquique.
Además precisó que un juicio abreviado no implica el reconocimiento de los delitos por parte de los acusados y, en se ámbito, planteó incluso la posibilidad de que los funcionarios sean absueltos, a merced del procedimiento.
Los nueve funcionarios bolivianos están acusados de robo, contrabando y porte ilegal de armas en territorio chileno. Los tres delitos fueron valorados por la jueza de Pozo Almonte el 22 de marzo, tres días después de que fueran capturados, quien ordenó prisión preventiva por 120 días.
“Cuando uno va a juicio abreviado no se reconocen delitos, solo se reconocen hechos fácticos, por lo tanto las partes conservan las mismas facultades que en un juicio oral (…). Como es un juicio, existen todas las posibilidades abiertas: Que sean absueltos, que sean condenados, que sean expulsados, que sean condenados a penas efectivas”, puntualizó Torres.
El fiscal precisó que los delitos por los cuales fueron acusados los nueve bolivianos inhiben al poder Judicial de facilitar la expulsión sin un previo juicio tal como pasó con los tres soldados que pasaron ilegalmente la frontera en 2013.
“No hay posibilidad de llegar a las mismas soluciones que existieron en el pasado (los soldados) porque las penas que eventualmente arriesgan ellos exceden los marcos de una supresión condicional de procedimiento” remarcó.
Cinco años es la pena en un procedimiento abreviado (…). La forma de cumplir las penas depende del Tribunal, puede ser en libertad, vigilada, con expulsión, de manera efectiva. Está todo el abanico abierto. Seguimos recopilando antecedentes de la misma manera que se hizo al principio”, explicó.
