Bolivia continuará denunciando en espacios internacionales el caso de los nueve funcionarios bolivianos detenidos en Chile en un incidente fronterizo, incluso tras la posibilidad de avanzar bajo la figura del proceso abreviado, anunció el ministro de Justicia, Héctor Arce.
El canciller chileno, Heraldo Muñoz, informó este lunes que el Ministerio Público de su país y la defensa de los nueve bolivianos llegaron a un principio de acuerdo y analizan un procedimiento abreviado.
“Debemos terminar con esto lo antes posible, pero esto no significa que Bolivia deje de reclamar en todas la instancias internacionales y todos los mecanismos que hemos venido trabajando hasta la actualidad”, afirmó la autoridad boliviana en declaraciones al canal estatal Bolivia TV.
Respecto a la posibilidad de optar por el proceso abreviado en lugar del juicio oral, Arce afirmó que es una “situación que está siendo analizada con los familiares como en los niveles del Estado”
“Reiteramos y ratificamos que este no es un tema de nueve personas, de nueve detenidos como injustamente nos califican alguna autoridades chilenas es un tema de una ofensa del Estado chileno en contra del Estado boliviano. Aquí hay un agravio de Estado a Estado”, agregó.
Arce consideró que el proceso ha sido erróneamente judicializado por las autoridades del vecino país y que pudo haber sido resuelto en el marco de la cooperación y el entendimiento entre los dos países.
“Lamentamos la actitud poco colaborativa del Gobierno de Chile. Nos llama la atención también que sea el canciller Muñoz quien haya dado a conocer esta situación, ellos han venido reiterando que hay una independencia de poderes en Chile, pero no sabemos a qué obedecerá que un representante del Órgano Ejecutivo se refiera una situación que supuestamente se lleva a cabo en órganos independientes”, cuestionó Arce.
De acuerdo con la legislación chilena, un proceso abreviado es una alternativa al juicio oral cuando el imputado, en acuerdo con la Fiscalía, acepta expresamente los hechos de la acusación. En este caso el Ministerio Público deberá solicitar una pena inferior a los 5 años, por lo que el juez de garantía no podrá aplicar una sanción mayor.
El presidente del Senado boliviano, José Alberto Gonzales, anticipó que la audiencia a la que hizo referencia Muñoz había sido diferida hasta el 20 de junio. (23/05/2017)
