En las «Jornadas internacionales de reflexión sobre reformas de justicia en América Latina», el vicepresidente Álvaro García afirmó que no confía en la Justicia y propuso avanzar en una reforma estructural que incluya a la familia y al sistema educativo.
La justicia -insistió- está enferma y se requiere una nueva pedagogía en la propia sociedad, es decir, en cómo educar a los hijos, la implementación de nuevos valores desde la visión de la despatriarcalización, descolonización y de «combate a los prejuicios de la desigualdad».
Bolivia fue el primer país en establecer y elegir a los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Constitucional Plurinacional, Tribunal Agroambiental y el Consejo de la Magistratura por voto. Autoridades de Gobierno reconocieron que los elector por voto no resolvieron la crisis judicial marcada por la corrupción y la retardación.
«¿Qué le dirías a tu hijo? (sí pregunta) confías o no confías en la justicia. !Hoy le digo No, no confíes¡ ojalá que de aquí a unos años podamos decir sí confía», afirmó y argumentó que una transformación completa no solo depende del «monopolio judicial» (jueces, abogados, leyes y procedimiento) sino de la sociedad.
El encuentro denominado «Jornadas internacionales de reflexión sobre reformas de justicia en América Latina» se realizó en Santa Cruz.
«El mal viene de antes (…) hagámos 20 procedimientos penales, cinco reformas judiciales, cambiemos a todos los personeros de la justicia, barramos con los abogados y vengan otros abogados vamos a seguir reproduciendo los males de la justicia que hoy por hoy todos las aborrecemos», sostuvo.
El evento fue inaugurado el jueves por el presidente Evo Morales, quien destacó las transformaciones que se dieron en los últimos 10 años a través de lo que consideró una revolución económica y social en Bolivia. Los expertos Raúl Eugenio Safaroni, Baltasar Garzón, Alberto Binder y Roberto Viciano Pastor participaron.
García pidió dejar de judicializar «tantas cosas» e implementar lo reparativo y la prevención a la manera de la justicia originaria; además de establecer sanciones más duras cuando sea necesario, pero siempre acompañadas -sostuvo- de una reforma de las currículas educativas en el ámbito escolar y universitario.
El Legislativo está tratando el proyecto de ley del Código del Sistema Penal que incorpora, entre otros aspectos, sanciones contra las autoridades judiciales y fiscales que retarden justicia. (02/06/2017)
