En algunos departamentos no hay suficientes candidatos mujeres, varones o de origen indígena para completar el mínimo estipulado en el reglamento. La presidente la Cámara de Diputados, Gabriela Montaño, señala que en la mayoría de los casos se cumple con estos requisitos.
La Asamblea Legislativa analizará una ley transitoria y modificaciones al Reglamento de preselección de candidatos a máximas autoridades Judiciales, debido a que en varios departamentos se ha detectado que no se cumplen con las condiciones de género y plurinacionalidad.
El artículo 6 del reglamento aprobado por el Legislativo establece que la Asamblea Legislativa Plurinacional garantizará que “el 50% de las personas preseleccionadas en las listas de las instituciones sean mujeres, así como la inclusión de postulantes de origen indígena originario campesino”.
La presidenta de la Cámara de Diputados, Gabriela Montaño, informó que la propuesta busca flexibilizar estas condiciones y dar prioridad a aspectos meritocráticos, tras los datos preliminares que entregaron las comisiones de Constitución y de Justicia Plural.
“Vamos a proponer a la Asamblea Legislativa que se pueda generar los mecanismo a través de una ley transitoria y de las modificaciones necesarias al reglamento, para flexibilizar estos criterios. Para nosotros la prioridad es la meritocracia y no posible subordinar la capacidad profesional, el conocimiento, la experiencia y la idoneidad de las personas a los criterios de plurinacionalidad y de género”, afirmó la autoridad legislativa en una conferencia de prensa.
Por otro lado, Montaño afirmó que se ha descartado una nueva ampliación en el proceso para recibir más postulaciones. Recordó que ya se realizó una extensión del plazo debido a la insuficiente cantidad de postulantes, quienes no pudieron acceder oportunamente a alguno de los requisitos establecidos en la convocatoria.
En tanto, el presidente la Cámara de Senadores, José Alberto Gonzales, detalló que la Constitución Política del Estado establece un periodo de seis años para las autoridades judiciales y ese plazo fenece los primeros días de 2018.
“Queremos comunicar a la opinión pública una decisión que se está asumiendo y que tiene que ver con el propósito fundamental de poder garantizar que las elecciones judiciales se realicen el próximo 22 de octubre, tal como está previsto”, afirmó.
La oposición política respondió inmediatamente a la propuesta y la rechazó. El diputado Wilson Santamaría (UD) consideró que se debe analizar la posibilidad anular todo el proceso y empezar nuevamente en lugar de realizar “parches”.
“No quieren admitir que el proceso ha fracasado. Vamos a evaluar el camino legal pero expresamos con claridad nuestro rechazo”, afirmó.
En tanto, la diputada Lourdes Millares (UD) informó que los problemas son en cinco de los nueve departamentos y que la propuesta lanzada por la presidenta de la cámara baja vulnera principios jurídicos universales porque se plantea aprobar una norma a mitad del proceso.
“Le advertimos a la presidenta de la Cámara de Diputados que las mujeres no vamos a permitir que se vulnere la Constitución Política del Estado, el 50% de la participación la mujeres está establecido en la Constitución”, cuestionó. (13/06/2017)
