“Nos matan moralmente”. Esa es la dramática frase que usa la concejal Eva Martínez, del municipio de San Lucas, en Chuquisaca, para describir el acoso político del que es víctima y que le llevó a renunciar en mayo. Las autoridades electorales rechazaron su dimisión y volvió a su cargo, pero la situación no cambió y ahora no descarta volver a presentar renuncia al puesto que ganó en las elecciones de 2015.
“Casi todos los días en el Concejo no tenía esa voz para salir a reuniones en las comunidades o departamentos porque nuestro trabajo es fiscalizar. Ellos tanto me discriminan, no me dejan, me dicen que soy de la oposición”, relató y añadió: “Cuando el alcalde (Zenón Aiza) llamaba a reuniones a ellos nomás (oficialismo) les llamaba, conmigo no contaba”.
San Lucas es un municipio de Chuquisaca. En las elecciones subnacionales estaban habilitadas para votar 12.948 personas, pero solo sufragaron 10.373. El Movimiento Al Socialismo (MAS) ganó las elecciones en el municipio con 6.065 votos, mientras que en segundo lugar quedó Chuquisaca Somos Todos (CST) con 1.945 votos.
Martínez pertenece al CST, minoría en el concejo municipal dominado por el también partido en función de Gobierno. El 4 de mayo presentó su renuncia ante el Tribunal Electoral Departamental (TED), que tras una evaluación del caso rechazó dar curso a la decisión de la concejal, quien volvió a ejercer el cargo en medio de una situación de acoso invariable.
“Fui a presentar mi renuncia porque en el municipio no se puede trabajar. Casi no tengo la libertad de nada. Como soy de una agrupación (de oposición), la mayoría son del oficialismo y cada vez tomaban decisiones. Yo no tenía todo el derecho que ellos tenían”, contó la concejal que no descarta volver a presentar su dimisión frente a la situación que enfrenta.
El Tribunal Supremo Electoral (TSE) aprobó el Reglamento para el Trámite de Recepción de Renuncias y Denuncias por Acoso y Violencia Política que fija filtros para dar curso a solicitudes de dimisión. La renunciante debe someterse a una entrevista confidencial para identificar si tras la decisión existe acoso o violencia política.
La ley de Contra el Acoso y Violencia Política hacia las Mujeres define como acoso político al acto de presión, persecución, hostigamiento o amenazas en contra de mujeres candidatas, electas, designadas o en ejercicio de la función político – pública o en contra de sus familias para acortar, suspender, impedir o restringir las funciones inherentes a su cargo.
La violencia política es entendida como las acciones y agresiones físicas, psicológicas, sexuales cometidas por una persona en contra de las mujeres candidatas, electas, designadas o en ejercicio de la función político – publica; o en contra de su familia, para acortar su mandato.
El reglamento electoral dispone que en un acta se registrará el contenido de la entrevista a la renunciante para su remisión a la sala plena nacional o departamental. En caso de verificarse que la dimisión no fue presentada de forma personal o que hubo indicios de que es producto de violencia, acoso o presión política, será rechazada y el caso pasará a la Justicia.
Martínez se reincorporó a su cargo el 1 de junio y cuenta que enfrenta problemas de salud que hacen más compleja su labor.
“Deseo que todo ahora mejore, quiero trabajar con todos para fortalecer nuestro municipio, son mis compañeros, somos de un solo municipio”, sostuvo y añadió sobre su eventual nueva dimisión: “Lo voy a pensar. Veremos si no cambia nada, si es lo mismo. Veremos lo que pasa”.
La concejal informó que su caso pasó a la justicia.
