El ministro de la Presidencia, René Martínez, advirtió este martes que el Estado chileno tendrá que honrar un resarcimiento a los nueve bolivianos detenidos y torturados ilegalmente el 19 de marzo en la frontera con ese país.
Corresponde el resarcimiento a los nueve ciudadanos bolivianos por su detención indebida en Chile y por la inexistencia de los delitos por los que se les acusa a los connacionales, cuya privación de libertad bordea los tres meses, afirmó el titular de la Presidencia, según una nota de prensa institucional.
«No se da cuenta (Heraldo Muñoz, canciller de Chile) que su conducta y sus declaraciones contradicen a las de su propia presidenta respecto a los nueve detenidos bolivianos en Chile, porque no existe robo, no hubo portación de armas», sentenció Martínez.
Agregó que el canciller de Chile se caracteriza por «sus ambivalencias y trata de justificar lo injustificable lo que le quita credibilidad».
El titular de la Presidencia reiteró que los ciudadanos bolivianos no cometieron ningún delito de los tres que se les acusa y que ésta es una contradicción más del diplomático chileno; es decir, no hubo robo, tampoco portación de armas de fuego en territorio chileno y mucho menos contrabando, porque fue la Fiscalía la que abrió una demanda precisamente por contrabando en contra de los tres choferes chilenos «chuteros» que protagonizaron el incidente.
El asunto debió haberse tomado como «un conflicto diplomático», insistió Martínez.
Martínez recordó que el 20 de marzo de este año la presidenta Michelle Bachelet, antes de una acusación formal contra los bolivianos, adelantó que «son nueve personas que están detenidas, que estaban en territorio chileno cometiendo delitos» y que se habían robado un camión y querían robarse otros nueve cargados de productos.
Luego, el 21 de marzo Muñoz sostuvo que «quién ingrese a Chile ilegalmente o intente ejercer actos de soberanía en nuestro territorio se va preso».
Posteriormente, el 22 de marzo, la juez Isabel Peña del juzgado de Pozo Almonte ordenó la detención preventiva de los nueve bolivianos en la cárcel por 120 días y la Fiscalía los acusó de robo con intimidación, porte de armas ilegales y contrabando.
Sin embargo, el Ministro Martínez aclaró que se comprobó que los bolivianos no usaron armas de fuego, pues Sergio Arqueros, conductor del camión azul con contrabando declaró a T13: «Aquí está el impacto de los perdigones que nos dispararon los militares (…) son balines…rebotan».
Tampoco los connacionales cometieron el delito de contrabando sino al contrario estaban persiguiendo a quienes incurrían en esa irregularidad y se puede comprobar por el requerimiento fiscal de Chile para procesar por ese delito a Arqueros y otros camioneros autodenominados «chuteros» que son del vecino país, reseñó el ministro.
Por todo esto, Martínez ratificó que el Gobierno boliviano recomendó «hasta el cansancio» que se debería resolver el incidente por la vía diplomática, debido a que existen antecedentes de esa índole entre Bolivia y Chile.
Por ejemplo, el 4 de agosto de 2016, Bolivia devolvió a un ciudadano chileno cuando éste fotografiaba un puesto militar; el 29 de agosto del mismo año, el país también envió a su propio territorio a dos carabineros de civil, que decían que estaban persiguiendo a un narcotraficante.
Martínez afirmó que Bolivia continuará con la denuncia de estas irregularidades y violaciones al Derecho y al sentido común por parte del Gobierno de Chile.
(14/06/2017)
