Esposados de manos y pies, pero con la esperanza de regresar junto a sus familiares que no ven desde hace 93 días, los nueve funcionarios bolivianos detenidos en Chile el 19 de marzo llegaron esta mañana al juzgado de Pozo Almonte, distante a 55 kilómetros de Iquique y a 42 kilómetros de la cárcel de Alto Hospicio, donde están recluidos desde el 22 de marzo.
La audiencia comenzó a las 09.25 con la presentación de los nueve agentes. Allí, el equipo de abogados de la defensa de los connacionales insistirá en que no hubo delito, sino, un “incidente fronterizo”.
La defensa boliviana aceptó la propuesta de un “juicio corto” de la Fiscalía de Tarapacá como solución final al proceso legal.
El jurista que representa a los funcionarios, Claudio Vila, adelantó que existen dos escenarios. Por una parte la absolución y por otro la expulsión de los agentes del territorio chileno, en caso de que el juzgado los declare culpables.
Ambos escenarios abren la posibilidad de que los funcionarios (dos militares y siete servidores de la Aduana Nacional de Bolivia) retornen al país, pues este es el objetivo de la estrategia de la defensa.
Los nueve agentes bolivianos están acusados de robo, porte ilegal de armas y contrabando, aunque el Ministerio Público de Tarapacá también investiga a los Carabineros por la forma violenta en la que ellos fueron detenidos el 19 de marzo.
Vila señaló que, en caso de haber absolución, los liberarían inmediatamente después de la audiencia; mientras que si se da la condena, el procedimiento abreviado permite que el Fiscal proponga una pena máxima que no puede superar los cinco años.
‘Por las características del caso, los bolivianos tienen derecho a acceder a una medida sustitutiva del cumplimiento de pena que es la expulsión, si hay condena habrá expulsión de ellos de Chile a Bolivia’, afirmó Vila. Adelantó que luego se gestionaría para que no demore más de un día el trámite y los funcionarios ya estén saliendo de Chile mañana.
‘Estamos absolutamente convencidos de la inocencia, hubo el cumplimiento de un deber’, dijo Vila.
‘Son inocentes, se vino a demostrar eso’, aseguró el defensor del Pueblo, David Tezanos Pinto, a La Razón en Iquique, Chile. Él junto con otras tres autoridades bolivianas llegaron a esa ciudad para acompañar a los nueve bolivianos.
Con prisa y casi sin hablar con los medios de comunicación, los integrantes de la comitiva se mostraron confiados en la próxima liberación de los dos militares y siete funcionarios de la Aduana Nacional de Bolivia (ANB) capturados el 19 de marzo cuando ejecutaban una operación contra el contrabando en frontera.
Los representantes bolivianos se reunieron por más de dos horas de la noche del lunes con los abogados que defienden a los nueve en el Consulado de Iquique.
La jefa de oficina consular de Iquique, Claudia Dávila, recibió ayer a Tezanos Pinto, al procurador del Estado Pablo Menacho; a la presidenta de la ANB Marlene Ardaya; y al director de Defensa Pública, César Romano, en el aeropuerto internacional Diego Aracena aproximadamente a las 17.30.
Bolivia denunció el tema de los nueve detenidos ante foros como la Organización de Estados Americanos (OEA). Ante el Consejo de Seguridad, el ministro de Justicia y Transparencia, Héctor Arce, denunció la pasada semana que los bolivianos fueron «torturados» y sometidos a «actos vejatorios, crueles e inhumanos que jamás debían existir de parte de un Estado».
