Indignación, rabia e impotencia expresaron los nueve bolivianos en la audiencia de ayer en Iquique. La jueza que lleva el caso determinó postergar para hoy a las 14.00 la lectura del dictamen del juicio abreviado al que finalmente se acogieron.
La odisea de los dos militares y siete funcionarios de la Aduana empezó hace 94 días, cuando fueron detenidos en un incidente fronterizo por carabineros de Chile.
“Todos mis compañeros y yo somos profesionales, hemos vivido una vida con conducta moral y una vida profesional ética, en ningún momento eso nos permite ganar ni un peso más para no entrar nunca a la cárcel. Estar presos desde el 19 de marzo me parece indignante e injusto”, expresó el funcionario Ronald Quenallata.
Él, al igual que los otros ocho connacionales, ingresó al Juzgado de Pozo Almonte esposado de manos y pies, algo usual en el vecino país pero “humillante” en Bolivia, según se comentó en el lugar.
Mientras oían la acusación de la Fiscalía, los militares se mordían los labios y algunos funcionarios escondían sus cadenas ante la mirada de periodistas chilenos y bolivianos. Sólo cinco medios nacionales cubrieron los hechos, frente a una docena del país vecino.
“Lo único que estaba haciendo es luchar contra el contrabando que le hace mucho daño a mi país; deberíamos aunar fuerzas entre ambos estados para combatirlo”, expresó el suboficial de Ejército Alex Carvajal Guachalla.
La audiencia empezó a las 09.30 y duró cuatro horas. “Se me privó del derecho a la libertad, impidiendo mi deber con mi Estado de luchar contra el contrabando. Sé que se hará justicia, confío en usted señora jueza y en su imparcialidad para que se dé armonía social entre países hermanos”, señaló el capitán Carlos Calle Soliz.
El abogado de los bolivianos, Claudio Vila, recalcó que los nueve bolivianos fueron detenidos mientras cumplían la labor pública de lucha contra el contrabando.
El jurista del país vecino insistió en que los militares bolivianos portaban armas de carácter disuasivo, mientras que los carabineros chilenos llevaban armamento de guerra, como fusiles automáticos.
“Cumplía mi deber de lucha contra el contrabando con planes estratégicos de la Aduana Nacional y normativa vigente del Estado Plurinacional de Bolivia, para que el contrabando no afecte más al sistema económico de mi país’, indicó Ronald Guachalla.
Si bien la Fiscalía de Iquique exige la condena de los nueve agentes, adelantó que no se opondrá a una medida sustitutiva que pueda otorgar la jueza, como la expulsión del territorio chileno.
“Duele mucho estar aquí, lejos de la familia y las personas que amamos; queremos justicia, que esto una a nuestros países”, señaló con la voz entrecortada el funcionario Diego Guzmán Vázquez. (21/06/2017)
