Mientras el gobierno boliviano anticipaba acciones legales en el ámbito internacional por el fallo contra los nueve funcionarios bolivianos detenidos el 19 de marzo que los condenó a tres años de cárcel, la justicia chilena aplicó un candado legal a la condena para evitar modificaciones y otros recursos legales posteriores, como apelaciones.
La Fiscalía de Tarapacá, una de las quince regiones que conforman Chile, comunicó vía Twitter que la sentencia contra los nueve bolivianos quedó ejecutoriada, por lo tanto, sin posibilidad de apelar el fallo por las partes interesadas.
«Sentencia que condenó a funcionarios bolivianos queda ejecutoriada, lo que implica que las partes no pueden presentar recurso de apelación», informó esta entidad la tarde de este miércoles.
Una hora antes del tuit, la Fiscalía había informado por el mismo medio que la jueza de Pozo Almonte, Isabel Peña, había recibido la renuncia de los plazos establecidos por ley para apelaciones por la defensa y la parte querellante.
- La jueza Isabel Peña. Foto: APG
Peña condenó a los nueve bolivianos, dos militares y siete funcionarios aduaneros, acusados de contrabando, robo y porte ilegal de armas, a tres años de prisión, pero con una medida sustitutiva que implica la expulsión de Chile. La defensa de los connacionales había adelanto el miércoles que no apelaría la determinación.
Desde la noche del miércoles el equipo jurídico de la defensa boliviana mantiene reuniones e intensos contactos para analizar cómo pagarán la multa de 32 millones de pesos chilenos ($us 48.196). Hoy visitaron a los connacionales en la cárcel de Alto Hospicio, mientras la Fiscalía informó que la defensa desistió apelar, tal como se había anunciado el miércoles.
El fiscal chileno Hardy Torres explicó que «con la presentación que se realizó hoy (ante entidades jurisdiccionales de la provincia de Tarapacá), la sentencia queda ejecutoriada, es decir que no proceda ninguna modificación».
Torres explicó, además, que con esta acción no corre ningún proceso más en la causa salvo la ejecución de la sentencia, que sería la expulsión. “Ahí, la defensa podría plantear alguna cosa, que se apure o no, pero es más allá de nuestro papel, hasta acá llegamos nosotros”, apuntó.
- Enmanillados. Así asistieron los funcionarios bolivianos a su audiencia. Foto: APG
“Se cumplió lo que buscaba la fiscalía y se tuvo una sentencia condenatoria en el juicio, que nos dio la razón y con las penas que habíamos solicitado”, afirmó.
La defensa reclamó, el miércoles, la inocencia de los servidores públicos, pero la jueza desestimó el alegato. “Si fueran profesionales, no solo hubieran incautado la mercancía, hubieran detenido al supuesto contrabandista”, dijo Peña en la lectura del dictamen legal.
“Los bolivianos ingresaron con vehículo de contrabando por pasos no autorizados a Chile (…) en suelo nacional son ciudadanos comunes y corrientes”, insistió la juez.
El capitán Alex Carvajal y el suboficial Carlos Calle, además de los funcionarios Arsenio Choque, Casimiro Tórrez, David Quenallata, Karl Luis Guachalla, Bryan Quenallata, Edilberto Raúl Flores y Diego Guzmán recibieron condena por robo con intimidación y violencia. Adicionalmente, los dos militares fueron procesados por el porte ilegal de armas.
Carvajal y Calles no podrán ingresar, según el fallo, a Chile en 20 años; y los funcionarios aduaneros en 10 años. Si se vulnera esa prohibición pueden ser encarcelados.
- La audiencia de los funcionarios bolivianos el miércoles pasado. Foto: APG
Luego de la audiencia en Pozo Almonte, a 55 kilómetros al este de Iquique, los agentes bolivianos fueron devueltos al presidio de Alto Hospicio. Con hoy cumplen 95 días alejados de sus familias.
En tanto que el ministro de Defensa, Reymi Ferreira, anticipó en La Paz que los agentes retornarán por carretera a través del paso fronterizo Colchane-Pisiga. “Se nos ha informado de que el retorno sería por tierra y serían recibidos en la frontera, ya en territorio boliviano”, anticipó en un contacto con la estatal radio Patria Nueva.
El procurador del Estado, Pablo Menacho, afirmó que el dictamen era algo que “era previsible” por los antecedentes que se dieron. “Hemos escuchado cosas inverosímiles, es lamentable”, señaló la autoridad tras defender la idoneidad de los funcionarios detenidos. (22/06/2017)
