El Gobierno lamentó las declaraciones sobre aportes de la presidenta de la Aduana Nacional de Bolivia (ANB), Marlene Ardaya, y aseguró que el Estado se hará cargo de pagar la multa de $us 48.000 que fijó la justicia chilena como parte de la sentencia a los nueve bolivianos.
El ministro de Justicia y Transparencia, Héctor Arce, negó que se haya pedido un aporte para cumplir con el pago de la multa fijada por la justicia chilena poco después de hacerse público un comunicado de la Aduana Nacional sobre aportes voluntarios para solventar gastos de defensa y apoyo a los nueve sentenciados como a sus familias.
“Queremos desmentir de manera oficial que se haya pedido alguna colecta, aportes a funcionarios o alguna situación de esa naturaleza para pagar una obligación, por ciento injusta pero necesaria en su cumplimiento para tenerlos rápidamente, ojalá en los próximos días u horas a nuestros nueve connacionales ya en territorio boliviano”, explicó Arce en contacto con la emisora estatal Patria Nueva.
En un comunicado público, la Aduana Nacional de Bolivia informó que los funcionarios realizaron aportes voluntarios para pagar el bufete de abogados que se contrató para la defensa de los nueve bolivianos capturados y sentenciados el miércoles en Chile, además de otros gastos para lograr su retorno.
«La planta ejecutiva de la Aduana Nacional agradece la solidaridad de los servidores públicos de la Aduana Nacional por su aporte voluntario destinado a cubrir costos de bufetes de abogados de Santiago e Iquique, traslado de familiares de los funcionarios detenidos, así como la compra de vituallas, enseres y otros gastos conexos que implican el regreso de los nueve bolivianos”, se lee en el comunicado.
Arce calificó de “erróneas” las declaraciones de Ardaya ya que -aseguró- “no corresponden a la verdad”. “No es tampoco correcto pedir aportes para este tipo de fines, es una situación que no corresponde en derecho y que no debería ser ni puesto en marcha ni anunciado por la presidenta de la Aduana Nacional”, cuestionó.
Los dos militares y siete aduaneros fueron capturados el 19 de marzo poco después de que interceptaran un convoy de vehículos con mercancías de contrabando en la frontera. Se los acusó por tres delitos y se los envió a la cárcel de Alto Hospicio. Ahora están a la espera de ser trasladados a la frontera para su expulsión en cumplimiento del fallo judicial emitido por la juez Isabel Peña.
En un proceso abreviado se los condenó a tres años de cárcel y un día por los delitos de robo e intimidación y portación ilegal de armas, mientras que se les aplicó una multa por el delito de contrabando de $us 48.000, monto que debe ser cancelado para la posterior expulsión de los sentenciados.
“Es una responsabilidad (pago) que va a asumir el Gobierno boliviano a través de un decreto supremo que va a ser aprobado en las próximas horas”, indicó. (23/06/2017)
