Una vez presentó la memoria ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de la demanda por derechos sobre el Silala, Chile empezó una campaña por redes sociales para explicar los argumentos que sustentan la tesis de que el recurso hídrico en dispuesta es parte de un río y no proveniente de manantiales como defiende Bolivia.
“El Gobierno de Bolivia no puede negar la ley de la gravedad y Chile defenderá sus derechos”, afirmó el canciller Heraldo Muñoz en uno de los materiales publicados en Twitter y Facebook con su versión sobre el origen del recurso natural y los aspectos que rodean el diferendo que volverá a enfrentar a ambos países en el tribunal internacional de La Haya.
“Chile y la demanda por el río Silala”, es el título de los videos difundidos y en los que se detalla aspectos como que el agua proveniente de Bolivia llega a los habitantes de “uno de los desiertos más áridos del mundo” como a la industria. Aunque no lo menciona directamente hace mención a la concesión de hace más de 100 años que otorgó la entonces Prefectura de Potosí para su uso.
La administración boliviana, como históricamente lo hizo, refutó en varias oportunidades la tesis chilena y puso como ejemplo las obras construidas en la frontera para la canalización artificial del agua. Es más hubo una negociación que no prosperó y por la cual se llegó a un acuerdo inicial de pago chileno por el 50% del recurso hasta tanto se defina la propiedad del restante porcentaje.
La representación de Santiago presentó este lunes, en el límite de plazo, la memoria de la demanda contra Bolivia por derecho sobre el Silala, que se encuentra en el cantón Quetena Chico, Potosí.
Los contenidos multimedia chilenos son difundidos por redes sociales por las cuentas de la Cancillería con mensajes como: “Hoy Chile entregó la Memoria a la Corte Internacional de Justicia por demanda del Río Silala contra Bolivia. Al respecto, el Canciller Heraldo Muñoz señaló que «Bolivia se contradice».
Este es el segundo caso que enfrentará a ambos países en la CIJ, ya que el primero fue planteado por el gobierno de Evo Morales para que el tribunal internacional obligue a Chile a cumplir con sus compromisos hechos a lo largo de la historia de negociar una salida soberana al Pacífico.
