En los diferentes penales de Bolivia se buscará e identificará a privados de libertad con detención preventiva que estén a punto de cumplir con la posible condena que recibirían por el delito por el que se los acusa para que la Justicia tome las decisiones “más oportunas”, informó en ministro de Gobierno, Carlos Romero, en la firma de un convenio con el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
Romero suscribió con el presidente de la máxima instancia judicial de Bolivia, Pastor Mamani, un convenio interinstitucional para el intercambio de información que también permitirá afianzar el conocimiento del movimiento de la población penitenciaria, que en promedio recibe 1.300 presos nuevos cada año y en el mismo período saca a más de 1.000.
El convenio hará posible verificar “casos de internos que se encuentren recluidos en condiciones de preventivos y que ya han cumplido el tiempo por el que hipotéticamente serían condenados o se encuentren próximos a cumplir ese tiempo. Eso permitirá decisiones más aceleradas, oportunas de parte del órgano jurisdiccional a fin de resolver la situación de esas personas”, explicó.
El 70% de la población carcelaria cuenta con detención preventiva, decisión que es tomada por un juez y ante –según prevé la ley- riesgos procesales como fuga u obstaculización en el proceso investigativo. El promedio es superior a la media en la región, que es de 56% de detenidos preventivos.
“Esto (acuerdo) también nos tiene que mostrar la evolución de la composición de la población penitenciaria a efectos de que las autoridades jurisdiccionales utilicen otras medidas alternativas, sustitutivas, para tratar a las personas que han sido denunciadas por la supuesta comisión de un delito”, explicó en el acto de firma de convenio interinstitucional.
Romero informó que las manillas electrónicas son parte de las acciones planteadas para enfrentar la problemática carcelaria y anunció que posiblemente el próximo año se concrete el proyecto.
