El gobernante Movimiento Al Socialismo (MAS) sugirió este viernes activar los canales diplomáticos para resolver el conflicto derivado por la detención de dos carabineros chilenos en territorio boliviano. En tanto, los representantes de la oposición sugieren que se aplique la legislación boliviana, en caso que se hayan cometido delitos.
La mañana de este viernes dos uniformados chilenos fueron detenidos por efectivos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) de Bolivia tras haber cruzado la frontera entre ambos países en el hito 52, en el paso no habilitado de Isma del departamento de Potosí. Según versiones preliminares, los carabineros perseguían a un vehículo denunciado por robo.
El senador Milton Barón del MAS consideró que Bolivia debería asumir una postura “totalmente diferente a la de Chile” y dar un mensaje de “buena vecindad y de hermandad”.
“Eso supone resolver este tema en términos de incidente fronterizo y por la vía diplomática. No debemos hacer lo que Chile hizo”, explicó el legislador.
El diputado Lino Cárdenas (MAS) afirmó que se debe investigar a fondo si hubiera conductas tipificadas en el código penal. “Un criterio muy particular, de acuerdo a los elementos que se tienen ahora es que se debería ir por la vía diplomática”, opinó.
A su turno, el senador potosino Edwin Rodríguez (UD) sugirió actuar con “alta responsabilidad” y en apego a las leyes bolivianas. Afirmó que el Gobierno debe evitar mostrar injerencia política.
“Nosotros tenemos la oportunidad de demostrar un comportamiento contrario a Chile; el Gobierno no tiene que meterse, menos resolver diplomáticamente, sería un error en mi criterio. Creo que es importante que la Justicia obre de manera independiente e imparcial”, manifestó.
En tanto, el diputado de Unidad Demócrata (UD), Wilson Santamaría, consideró que la Justicia “debe hacer su trabajo”. Sugirió además al Gobierno difundir toda la información y no manejar este caso como un “secreto de estado”.
“Habrá que evaluar abrir el canal diplomático, que Chile se resistió a hacerlo durante tres meses. Es una decisión que la toma el Gobierno y que debe evaluar la Cancillería”, afirmó (07/07/2017)
