Un curso de ética y recursos humanos fue el origen de la elaboración y puesta en vigencia del instructivo que prohibe algunas formas de vestir para los funcionarios del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP). Su presidente, Oswaldo Valencia, informó este miércoles que la disposición quedó sin efecto y planteó un debate sobre este asunto tras recordar que los derechos son «relativos».
La decisión fue adoptada un día después que se conoció el instructivo, el cual levantó una ola de críticas a nivel político y también en las redes sociales.
“Ahora, en el tema judicial, ¿tendrá que haber una normativa respecto a la vestimenta o ninguna? Considero que es un tema de debate porque los derechos no son absolutos, sino relativos, en la manera que no dañen la dignidad. Hay que ver el servicio que prestamos a la sociedad”, justificó en declaraciones a la red Unitel.
El instructivo 065/2017, fechado el 17 de julio de 2017 en Sucre, “reitera” la “obligación” que tienen todos los servidores públicos que trabajan en el Tribunal Constitucional de “concurrir a la institución los días hábiles de trabajo con vestimenta formal y discreta”.
El instructivo prohibió vestir 11 prendas en instalaciones del control constitucional entre lunes y jueves: “jeans de cualquier color, pantalones estampados, botas largas, calzas, chamarras, chamarras de cuero, poleras, minifaldas, blusas transparentes y escotes, vestidos cortos y zapatillas (inclusive el viernes)”.
Valencia explicó que el instructivo fue resultado de un curso de ética y recursos humanos interno, aunque dijo que inmediatamente se anotició del hecho dispuso su anulación.
El defensor del Pueblo, David Tezanos Pinto, el viceministro de Descolonización, Félix Cárdenas, y otras autoridades y activistas cuestionaron la disposición por vulnerar derechos individuales e ir en contra de normas contra el racismo y la discriminación. Tezanos Pinto afirmó que la disposición es incompatible con el pluralismo y la diversidad, en tanto que Cárdenas pidió dejarla sin efecto.
Desde el control constitucional, dijo Valencia, se comunicó a la Defensoría y al Viceministerio que se dejó sin efecto la disposición.
No obstante, consideró que debiera encontrarse un punto de equilibrio entre el respeto al derecho a la imagen y autodeterminación, y el orden institucional entendiendo –explicó- que muchas instancias públicas y privadas disponen de uniformes para sus funcionarios.
En el TCP se abrió una investigación para establecer responsabilidades en caso de que fuera “una exageración”. Dijo que la decisión fue tomada con la idea de brindar un mejor servicio a la población.
(19/07/2017)
