El juez de Chulumani Andrés Zabaleta, quien bebió con una de las litigantes de un caso de violencia familiar tras suspender la audiencia sin razón jurídica, es procesado por tres delitos y la Fiscalía pide su detención preventiva.
La autoridad judicial es acusada de los delitos de consorcio de jueces, policías, fiscales y abogados; uso indebido de bienes y servicios públicos e incumplimiento de deberes.
Los hechos por los que se lo acusa ocurrieron entre la noche del 23 y la madrugada del 24 de marzo de este año.
El 23, Zabaleta había instalado la audiencia de consideración de medidas cautelares por un caso de violencia familiar y doméstica en el Juzgado de Instrucción en lo Penal Cautelar de Chulumani, empero luego determinó la suspensión de la cita “sin razón jurídica”, según se reseña en los legajos del proceso.
“Sin embargo, por la noche la denunciante vio a la abogada de la parte contraria y al asistente del juez ingresar con bebidas alcohólicas al Juzgado de Chulumani, para posteriormente salir de esas instalaciones cerca a las 02:00 del 24 de marzo acompañadas del imputado (juez), todos en estado de ebriedad”, informó la Fiscalía, que ahora pide su detención preventiva.
De acuerdo a la denuncia de Sandra Ramos, quien filmó el incidente y luego presentó una denuncia contra Zabaleta, en el encuentro participó además la litigante Beatriz C., a quien se ve salir en el video de la mano de la autoridad judicial, mientras el asistente del juez sale con la abogada.
«Mi excuñada nos estaba procesando por violencia intrafamiliar diciendo que nosotros la pegamos. Llegó no hace un mes el juez Zabatleta y sin conocer el caso nos quería aprehender. Esa noche (el 23) llegó junto a su abogada (Shirley R.) y entraron al juzgado con una bolsa negra a eso de las nueve y media de la noche. A nosotros nunca nos atenden después de las seis de la tarde», relató en declaraciones a la red Unitel.
Contó que salieron pasadas las 02.00 del día siguiente en estado de ebriedad y vrespaldó sus afirmaciones con un video.
Las actas de las declaraciones de los testigos, un informe policial y placas fotográficas son las pruebas sobre las que las autoridades fiscales han fundamentado el caso.
La Fiscalía lo cita en su comunicado como exautoridad, aunque el Consejo de la Magistratura que es la responsable de cesar a esas autoridades no se ha pronunciado. La entidad considera pertinente la detención preventiva del ahora imputado para garantizar su presencia durante la investigación preliminar. (25/07/2017)
