La Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) insistió en que la preselección de candidatos a los altos cargos judiciales no es transparente y denunció que al menos cuatro de los aspirantes preseleccionados en una comisión legislativa cuentan con antecedentes penales. El Legislativo exigió las pruebas.
El rector Waldo Albarracín presentó la denuncia respaldada con documentación y tras ser acusada por legisladores de pretender “boicotear” el proceso de selección de aspirantes al calificarla de falta de transparencia.
“Es probable que no les haya llegado la información, pero queremos decirles que existen postulantes actuales indebidamente habilitados y que además de reunir requisitos básicos, cuentan con antecedentes penales que en su momento incluso se hizo conocer a la Comisión a través de notas de impugnación que no han sido tomadas en cuenta”, denunció.
Identificó a los postulantes Gonzalo Alcón Aliaga, Fracisco Tarquino Blanco, Lilian Sandi y Román Castro Quisbert, quienes —según denunció Albarracín con documentos en mano— son o fueron procesados por prevaricato, estafa, corrupción y otros delitos.
- Nómina de habilitados para las postulaciones al Tribunal Agroambiental y al Consejo de la Magistratura. Fuente: Diputados.
“Esos son sus candidatos estrella”, reclamó y precisó que se presentó una denuncia por escrito en junio pasado.
La Comisión Mixta de Justicia presentó la lista, en la que están los observados, de los postulantes al Consejo de la Magistratura y al Tribunal Agroambiental al plenario legislativo para la elección de los candidatos que irán a las elecciones del 3 de diciembre
A los dichos del rector, respondieron los presidentes de las dos Cámaras Legislativas, la diputada Gabriela Montaño y el senador José Gonzáles, quienes en otra conferencia de prensa coincidieron en exigir al rector la presentación de las pruebas de sus denuncias.
“Lo invitamos cordialmente y de manera respetuosa al rector de la UMSA a que pueda, entre el 1 y el 7 de agosto, presentar sus impugnaciones con documentación respaldatoria, (…) no solamente es su responsabilidad, sino su obligación presentar la documentación que crea pertinente, de la misma manera lo hará cualquier ciudadano”, dijo Montaño.
Sin embargo, las fechas a las que hace referencia la legisladora Montaño tienen relación con el periodo de impugnaciones del proceso que aún está en curso para el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
Los citados por Albarracín postulan al Consejo de la Magistratura, cuya preselección concluyó junto con la del Tribunal Agroambiental, el 9 de julio. Sus nóminas ya están cerradas por un informe de la Comisión Mixta de Justicia, que se encargó de la labor.
No obstante, Montaño aseguró, sin referirse específicamente a las postulaciones denunciadas, que “la Asamblea tiene la puertas abiertas para cualquier ciudadano incluyendo al rector de la UMSA” para impugnar a los aspirantes que no sean idóneos.
Gonzales sostuvo que el “compromiso” del Legislativo “es elegir a los mejores”, un criterio que fue secundado por Montaño, quien además remarcó que en el oficialismo, que tiene dos tercios en ese Órgano, “no hay ningún interés político partidario” para elegir a los futuros candidatos que terciarán en los comicios judiciales del 3 de diciembre.
En la etapa de evaluación de méritos y conocimientos de la preselección participa el sistema universitario, pero sin la concurrencia de la UMSA, que se desmarcó del proceso tras cuestionar a algunos delegados universitarios que hacen esa labor y a la falta de compromiso de los políticos para garantizar transparencia en todo el proceso. (25/07/2017)
