El Gobierno advierte que la presión de los vecinos de Achacachi condiciona la labor de los administradores de Justicia en el caso de los hechos de violencia suscitados en la población paceña en febrero de este año, tras una movilización en contra del alcalde Edgar Ramos, afirmó el ministro de Gobierno, Carlos Romero.
En criterio del Ejecutivo, en febrero se propugnó un “golpe de Estado” al intentar destituir a una autoridad electa por el voto popular y de esa manera tratar de afectar la institucionalidad establecida en el ordenamiento legal.
“Estamos denunciando que con movilizaciones se pretende coaccionar y condicionar la labor del juez. Se moviliza a la gente en las audiencias y ya son tres jueces que declinaron competencia, ahora un cuarto juez va conocer el tema y se lo pretende rodear de presión social”, afirmó la autoridad en conferencia de prensa.
Romero consideró que la dirigencia “reconoce” que ha incurrido en delitos y pretende por la vía de la presión social evitar que estos delitos sean sancionados. La autoridad justificó las acciones que asume la Fiscalía, en particular las aprehensiones y aseguró que su despacho hará el seguimiento del caso.
Hasta el momento, el Ministerio Público aprehendió a tres personas por destrucción o deterioro de bienes del Estado, robo agravado asociación delictuosa y asesinato en grado de tentativa.
Al menos 20 comunidades aledañas refuerzan las protestas que los pobladores de Achacachi sostienen en La Paz y las rutas que conducen a ese poblado para exigir la liberación de dos profesores a quienes se los vincula con los violentos hechos de febrero de este año.
Dos profesores, Pastor Salas y Gonzalo Laime, son vinculados con los hechos de violencia que ese mes sucedieron cuando una protesta de los capitalinos de Achacachi terminó con la quema de la vivienda y vehículo del alcalde Édgar Ramos. Los denominados Ponchos Rojos salieron en defensa del alcalde, quien es acusado de una gestión irregular, y apedrearon y saquearon viviendas y negocios.
Salas y Laime están detenidos cuatro días y hasta el momento la Justicia no logró determinar su situación procesal. Un juez de El Alto se excusó este domingo de tratar el caso luego de que el sábado otro se declaró incompetente mientras un grupo de pobladores mantiene su vigilia en puertas de juzgados regionales. (31/07/2017)
