El canciller Fernando Huanacuni evitó pronunciarse sobre la situación de la exministra Alexandra Moreira en el servicio exterior y se limitó a decir que “cada uno tiene que responder en la parte jurídica”. La oposición cuestionó la designación cuando la exautoridad fue imputada por la crisis del agua de 2016 en la ciudad de La Paz.
“Cada uno tiene que responder en la parte jurídica y nosotros como servidores públicos tenemos que responder por nuestras acciones», expresó escuetamente el responsable del servicio exterior boliviano en un breve contacto con la prensa tras participar de la reunión de gabinete, en Palacio de Gobierno.
La Declaración Jurada de Bienes y Rentas de la exautoridad publicado en el sitio web de la Contraloría General del Estado, del 25 de agosto de este año, establece que cumple funciones en el área diplomática, dependiente de la Cancillería, donde trabajó en el pasado.
Huanacuni evitó responder sobre su designación y si ya cumple funciones en el exterior.
En junio, la Fiscalía imputó a la exministra por el delito de atentados a los servicios públicos por la crisis de agua que vivió La Paz el año pasado. Junto a ella, se encuentran procesados el exdirector de la Autoridad de Fiscalización de Agua Potable y Saneamiento (AAPS), Benecio Quispe y el exinterventor de la Empresa Pública Social de Agua y Saneamiento (EPSAS) Ruddy Rojas.
Ernesto Vásquez, abogado de la exautoridad, defendió el martes el derecho de su cliente a trabajar y salir de Bolivia en tanto no haya una disposición judicial contraria.
“Ella (Moreira) tiene derecho al trabajo, a la vida, a salir del país, por lo tanto, mientras no haya una decisión de un juez que le restrinja esos derechos”, insistió el jurista
