El Tribunal de Juicio del caso Misiles emitió anoche sentencias leves que van de 2 a 3 años de cárcel para siete acusados y la absolución a otros dos. Además pidió enviar antecedentes a la Fiscalía para que valore una investigación al expresidente Carlos Mesa.
Después de 12 años de haberse producido la desactivación de 36 misiles chinos de propiedad de las Fuerzas Armadas y 28 meses de un juicio oral llevado adelante por seis magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), anoche acabó el caso con la lectura de la sentencia de 259 páginas durante dos días.
El presidente de ese tribunal, Antonio Campero, dio lectura a la parte resolutiva de la sentencia que fue firmada por cinco magistrados: Jorge von Borries, Rómulo Calle, Gonzalo Hurtado y Rita Nava, con la disidencia de Marcos Tordoya.
El exministro de Defensa Gonzalo Méndez y el almirante Marco Justiniano fueron procesados en rebeldía y recibieron una condena de 3 años de cárcel en el penal de San Roque por los delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, al igual que los generales Marcelo Antezana y Marco Antonio Vásquez Ortiz.
Víctor Cuéllar fue sentenciado a dos años y seis meses de prisión, mientras que David Torricos y Wílbert Sánchez a dos años de reclusión. Gonzalo Rocabado y Ernesto Caballero recibieron la absolución de culpa y pena. Campero aclaró que, por la pena que recibieron, ninguno ingresará a cumplir su condena en un penal.
Todas las penas fueron mínimas luego de que el tribunal consideró que no existió un sometimiento total o parcial de la nación a dominio extranjero y tampoco hubo revelación de secretos, pues ambos delitos tenían una sanción de 30 y 15 años, respectivamente.
El Legislativo autorizó el juicio porque autoridades políticas y jefes militares del gobierno de Eduardo Rodríguez Veltzé (2005-2006) entregaron 36 misiles chinos, de propiedad de las Fuerzas Armadas a Estados Unidos para que los desactiven, bajo el argumento de que podían ser sustraídos y usados en acciones terroristas.
El fiscal superior, José Gutiérrez, dijo que el Ministerio Público demostró los hechos y dos delitos que se cometieron. Por ello, señaló, hay una sentencia condenatoria en el marco de la norma boliviana. “Estamos conscientes que se ha hecho justicia, que hay una sentencia condenatoria y va a existir una reparación del daño y eso es lo que al final importa”.
El general y exsenador Marcelo Antezana manifestó estar conforme con la decisión de los seis magistrados y los felicitó porque expresó que actuaron con base en la ley y demostraron que no todos los jueces son malos porque han hecho justicia con los acusados.
En la última parte de la sentencia el tribunal determinó remitir los antecedentes al Ministerio Público para que evalúe una investigación a Carlos Mesa.
“En relación a la abrogación del Decreto Supremo 27329 de enero del 2004 y la falta en la incorporación de una norma que supla la abrogada y que vuelva a resguardar con carácter de secreto o confidencial la información relacionada con la independencia e integridad de la soberanía nacional del Estado debe valorarse, en consecuencia, remítase antecedentes ante el Ministerio Público a los suscribientes del Decreto Supremo 28168 de 17 de mayo de 2004 Carlos D. Mesa Gisbert y otros, a los efectos que corresponden”.
Campero explicó que el tema se refiere al Decreto Supremo 28168, que deroga uno anterior que establecía el secreto del armamento bélico militar. “Asumimos la decisión de remitir antecedentes para conocimiento del Ministerio Público y ellos, en su caso, si ven pertinente asumirán acciones o, en su caso, desecharán”.
Gutiérrez refirió que “eso es lo que ha dispuesto del Tribunal y eso se analizará una vez que se remitan los antecedentes”.
Este diario intentó obtener una respuesta de Mesa sobre este tema, pero no lo logró.
