A la decisión de enjuiciar a magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) se suma otros procesos similares en curso o que ya concluyeron con sentencia. Hasta el momento al menos siete magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y del Consejo de la Magistratura (CM) fueron denunciados y sometidos a un proceso.
Gualberto Cusi, Ligia Velásquez y Rosario Chanez fueron alejados de sus cargos como resultado de un proceso de juicio de responsabilidades que se tramita en la Asamblea Legislativa Plurinacional, donde la Cámara de Diputados hace de acusador o fiscalía y el Senado de Tribunal de Sentencia. Cusi apeló su sentencia, pero el plenario la rechazó.
Los tres miembros del control constitucional fueron acusados por un fallo que suspendió la vigencia de la ley del Notariado. Velásquez renunció al cargo para evitar el juicio, como prevé la ley, mientras que Chanez continuo en el proceso que acabó encontrándola culpable y determinando la destitución de su cargo.
También fueron denunciados y procesados los magistrados del Consejo de la Magistratura Cristina Mamani, Gonzalo Triveño, Wilma Mamani y Freddy Sanabria. Son acusados por los delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes por vulnerar los derechos de un ciudadano al que le negaron ejercer el cargo de juez a pesar de haber sido elegido.
La ley para el Juzgamiento de la Presidenta o Presidencia y/o de la Vicepresidenta o Vicepresidente, de Altas Autoridades del Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental, Consejo de la Magistratura, Tribunal Constitucional Plurinacional y Ministerio Publico, establece que quienes “hubieren incurrido en la violación de derechos fundamentales y garantías constitucionales, vinculada a la comisión de cualquier delito previsto en la presente Ley, lesionando tales derechos y garantías, la sentencia condenatoria deberá imponer la sanción de inhabilitación temporal o definitiva de su mandato y/o ejercicio de sus funciones y la prohibición de ejercer cualquier función pública, hasta el máximo del tiempo previsto como sanción penal”.
Parte del artículo 6 de esa norma sostiene que “quienes actúan como instigadores, cómplices o encubridores de estos delitos, serán enjuiciados conjuntamente la causa principal. Si no hubieran sido incluidos, serán enjuiciados por la justicia ordinaria de acuerdo a las leyes penales”.
El presidente Evo Morales anunció juicio de responsabilidades contra cinco magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) por la pena benévola contra quienes entregaron los misiles chinos de las Fuerzas Armadas a Estados Unidos. “No puedo entender cómo algunos juristas pueden ser cómplices de traición a la patria”, sostuvo.
El expresidente Carlos Mesa también presentó una denuncia contra los magistrados del caso Misiles Chinos porque lo incluyeron en la sentencia que dictaron y en la que pidieron a la Fiscalía que lo investigue por, supuestamente, haber dejado un vacío legal sobre secreto militar.
Los magistrados Antonio Guido Campero Segovia, Jorge Isaac Von Borries Méndez, Rómulo Calle Mamani, Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano, y Rita Susana Nava Durán firmaron la sentencia. Concluirán su mandato a fin de año y en el Legislativo se definirá si procede o no el juicio que planteará el Gobierno.
Fueron elegidos en elecciones de 2011 y se constituyeron en las primeras autoridades judiciales elegidas por el soberano.
