Una misión de alto nivel de Bolivia arribará a Washington, Estados Unidos, para explicar en la Organización de Estados Americanos (OEA) los alcances del recurso de inconstitucionalidad que presentó el oficialismo ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) para validar una nueva repostulación del presidente Evo Morales.
El ministro de Justicia, Héctor Arce, y los presidentes de las cámaras de Diputados, Gabriela Montaño, y de Senadores, José Alberto Gonzáles, se reunirán este miércoles 4 de octubre con los representantes permanentes de los estados miembros de OEA.
“Estamos viajando. Estaremos el miércoles con los representantes de los estados miembros de la OEA para ser claros en la definición, con nuestra normativa interna Bolivia y bajo una lógica de soberanía. Todos los estados deben conocer cuáles son nuestros instrumentos institucionales y constitucionales para resolver este tipo de diferencias”, confirmó Montaño en una rueda de prensa.
En el mismo contacto con los periodistas, Gonzales dio cuenta de la partición del ministro Arce en esa comitiva.
En ese marco, las críticas volvieron a caer sobre el secretario general de OEA, Luis Almagro, quien hace algo más de una semana cuestionó el plan del gobiernista Movimiento Al Socialismo (MAS) de repostular a Morales pese al veredicto de un referéndum que cerró esa posibilidad el 21 de febrero de 2016.
“(Evo Morales) @evoespueblo deberá respetar decisión popular q dijo NO a reelección. Ningún juez puede levantar el dictamen del único soberano: el pueblo”, escribió Almagro en Twitter el 22 de septiembre.
Autoridades del Gobierno calificaron la acción como “injerencia” y “vulneración de la soberanía política”.
En la misma línea, Montaño anticipó que la visita a la sede del organismo multilateral servirá también para cuestionar la postura del representante de la OEA. “No puede un representante como el señor Almagro haber generado una posición injerencista como lo hizo y eso lo vamos a aclarar”, sostuvo.
Los jefes de bancada oficialistas firman el petitorio y fungen como “accionantes” en la demanda planteada ante el TCP que fue admitida en medio de duras críticas de la oposición el pasado jueves.
Los afines al Gobierno piden la inaplicabilidad de cuatro artículos de la Carta Magna y cinco de la Ley 026 de Régimen Electoral que frenan más de una repostulación continua con base en los derechos políticos que fija el Pacto de San José. (02/10/2017)
