El ministro de Justicia, Héctor Arce, y la presidenta de la Cámara de Diputados, Gabriela Montaño, se presentarán este miércoles ante el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA), en Washington, para denunciar por injerencia al secretario general de ese organismo, Luis Almagro, y explicar los argumentos jurídicos para solicitar una nueva repostulación del presidente Evo Morales.
El titular del Senado, José Alberto Gonzales, no pudo acompañar a la delegación debido a un desperfecto en la aeronave que esta madrugada debía trasladarlo desde el aeropuerto de El Alto con destino a Bogotá, y luego seguir viaje rumbo a Estados Unidos.
Según informó a la estatal Agencia Boliviana de Informaciones el embajador de Bolivia ante la OEA, Diego Pary, la delegación será recibida por el Consejo Permanente (que representa a los 34 países miembro de la organización) a las 11.00, hora boliviana.
Allí harán conocer “nuestros fundamentos jurídicos de por qué nosotros estamos rechazando cualquier intervencionismo del secretario general de la OEA», explicó el embajador.
El gobierno boliviano cuestiona la reacción de Almagro ante las gestiones que inició el oficialista Movimiento Al Socialismo (MAS) para lograr que el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) autorice la repostulación indefinida de autoridades electas.
«@evoespueblo deberá respetar decisión popular q dijo NO a reelección. Ningún juez puede levantar el dictamen del único soberano: el pueblo» (Sic), escribió el secretario general de la OEA en su cuenta en Twitter, poco después de que el MAS presentara su recurso para la repostulación ante el TCP.
«Creemos claramente en el bilateralismo, pero también exigimos que se respete el principio de no intervención a asuntos internos. Hemos sido bastante claros en sesiones pasadas sobre este tema y no podríamos actuar de otra manera cuando se refiere a nuestro país», dijo Pary.
Un día antes, en la misma línea, Montaño declaró: “Estaremos el miércoles con los representantes de los estados miembros de la OEA para ser claros en la definición, con nuestra normativa interna de Bolivia y bajo una lógica de soberanía. Todos los estados deben conocer cuáles son nuestros instrumentos institucionales y constitucionales para resolver este tipo de diferencias”.
El 19 de septiembre el MAS presentó una Acción Inconstitucional Abstracta solicitando al TCP declarar la inconstitucionalidad de cinco artículos de la Ley Electoral y la inaplicabilidad de cuatro de la Constitución Política del Estado (CPE) referidos al límite de participación en elecciones para el Presidente, Vicepresidente, gobernadores, asambleístas departamentales, alcaldes y concejales.
Para ello, el oficialismo apela al artículo 23 del Pacto de San José, referido a los derechos ciudadanos, y al artículo 256 de la CPE, que establece que los tratados internacionales en materia de derechos humanos se aplican de manera preferente a la Carta Magna.
El recurso fue admitido el 29 de septiembre por el TCP, lo que activó protestas en la oposición, que también prevé acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA para solicitar una interpretación del artículo 23 del Pacto de San José, ya que considera que no se aplica para justificar la repostulación indefinida.
Además, cívicos de al menos cinco departamentos se movilizan en una marcha con destino a Sucre, sede del TCP, para exigir el rechazo a una nueva repostulación de Morales, quien gobierna desde 2006 y aspira a su cuarta reelección continua. (03/10/2017)
