Un bloque de expresidentes y líderes opositores denunciaron a través de una misiva enviada a la Organización de Estados Americanos (OEA) que el presidente Evo Morales, desde su gobierno, “está dispuesto a todo” para perpetuarse en el poder y que el recurso legal que busca su repostulación “amenaza a la democracia”.
El 18 de septiembre, el oficialismo presentó ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) un recurso para que declare la inconstitucionalidad de cinco artículos de la Ley Electoral y la inaplicabilidad de cuatro de la Constitución Política del Estado referidos al límite del mandato de los gobernantes para, así, ampliar las repostulaciones de forma continua.
“Creemos firmemente que ha comenzado a gestarse en Bolivia un golpe a la democracia y al Estado de Derecho. Esta acción (recurso) prueba, sin ningún tipo de duda, que el gobierno de Evo Morales está dispuesto a todo para perpetuarse en el mando”, escribieron los expresidentes Jorge Quiroga y Carlos Mesa, el vicepresidente Víctor Hugo Cárdenas, y los líderes opositores Rubén Costas y Samuel Doria Medina.
La nota dirigida al secretario General de la OEA, Luis Almagro, fue entregada este jueves por los senadores de la alianza opositora Unidad Demócrata (UD) Arturo Murillo y Oscar Ortiz a su jefe de Gabinete, Gonzalo Koncke, con quien se reunieron en la sede del organismo.
Antes, los legisladores habían presentado una denuncia ante la Comisión interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) en contra del Gobierno boliviano, sus colegas oficialistas y el TCP por una supuesta vulneración del Pacto de San José de Costa Rica, al que el Gobierno recurre para respaldar su recurso para habilitar la repostulación indefinida.
Los opositores aseguran que las acciones legales buscan desconocer el voto de más de dos millones de bolivianos que rechazaron la repostulación en el referéndum constitucional de febrero de 2016 y, por consiguiente, “los derechos de participar en la dirección de los asuntos públicos directamente y de votar” reconocidos en el artículo 23, numeral 1, incisos a y b de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Los magistrados del control constitucional admitieron la demanda del oficialismo, pese a que la oposición presentó recursos para pedir que no lo hagan. Tras el infructuoso intento, activaron una estrategia externa como la carta enviada a Almagro, quien es cuestionado por el Gobierno por haberse pronunciado a favor del respeto a los resultados del referéndum de 2016 que dijo No a la repostulación de Morales.
En el escrito dirigido a Almagro, el bloque sostiene que “la sola admisión” del recurso “da el primer paso hacia la ruptura del orden constitucional”, bajo ese argumento aseguran que los magistrados del TCP “prevarican”.
“No nos cabe la menor duda que el Tribunal es el brazo jurídico del Poder Ejecutivo y que actúan bajo su mandato y en función de sus intereses”, denunciaron.
A su juicio, un fallo favorable será la confirmación de que el gobierno formaliza el autoritarismo “a través de la posibilidad de una presidencia vitalicia”.
Más temprano, el ministro de Desarrollo Productivo, Eugenio Rojas, se refirió al asunto y sostuvo que el Gobierno no vulnera la Carta Magna.
No obstante, aseguró que “apenas” están 11 años al frente del Gobierno, puesto que les falta “avanzar 20 años” y más para concretar lo que denominó “avances”. Lo contrario, sería “irresponsable”, advirtió.
“Tenemos que pensar, no podemos abandonar, apenas estamos 11 años, nos falta avanzar 20 años, 30 años, 40 años, 50 años, 100 años, 200 años. Tenemos que avanzar hermanos. No podemos abandonar (el proceso), hermanos. Seríamos irresponsables”, sostuvo este jueves en un acto público de entrega de equipamiento a microempresarios en Cochabamba, centro del país. (05/10/2017)
