El expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada (Goni) cumple 14 años en Estados Unidos, similar tiempo de la revuelta social que acabó con su dimisión y más de 60 muertos. El trámite de extradición no avanza y permanece en el Departamento de Estado, en Washington.
No ocurre lo mismo con otra alternativa encauzada en busca de justicia en la vía civil. La etapa final podría culminar en el primer semestre de 2018 con un juicio oral que acabará con un sentencia y la fijación de una resarcimiento.
«Por la información que tenemos los procesos (de extradición) siguen entrabados en el ámbito de la esfera diplomática. No hay una respuesta ni afirmativa ni negativa. Es algo que de alguna manera habíamos augurado hace bastante tiempo: Estados Unidos estaban protegiendo y seguirán protegiendo a Sánchez de Lozada y Carlos Sánchez Berzaín. El tiempo nos ha dado la razón», indicó el abogado de las víctimas de octubre, Rogelio Mayta.
Sánchez de Lozada, Sánchez Berzaín y Jorge Berinduague huyeron al país del norte tras los hechos de violencia de octubre de 2003, cuando el Gobierno sacó a las Fuerzas Armadas a las calles para aplacar una movilización social que tuvo como epicentro El Alto.
Sánchez de Lozada, que había ganado las elecciones de 2002 y asumido la presidencia con una de las últimas alianzas políticas, ya en febrero enfrentó un motín policial, que acabó con la muerte de militares y policías en un enfrentamiento en el mismo centro del poder político, plaza Murillo.
La ciudad de La Paz estaba bloqueada y huyó junto a su familia en helicóptero desde La Paz a el aeropuerto de El Alto, desde donde, con una escala en Santa Cruz, se dirigió al país del norte. Envió su carta de renuncia y ese 17 de octubre fue aceptada en el Legislativo tras ser leída.
En una semana de choques entre ciudadanos y militares en la ciudad de El Alto más de 60 personas perdieron la vida por impacto de bala y otras 400 resultaron con heridas de distinta gravedad.
Carlos Mesa asumió la presidencia de Bolivia en sucesión constitucional.
Un juicio de responsabilidades fue instaurado en 2004 y en 2011 fue emitida la primera sentencia condenando a siete responsables de la masacre, entre ellos cinco exjefes militares. El expresidente fue declarado rebelde y se inició los trámites de extradición, que hasta el momento no dieron resultado.
El trámite reiniciado luego de subsanar observaciones de Washington permanece en el Departamento de Estado de EEUU sin mayores avances. Una situación contraria ocurre con un proceso civil instaurado por un grupo de víctimas.
Quien fuera jefe del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) reapareció en octubre de 2014 en un aeropuerto de Estados Unidos. Una fotografía del hecho fue publicada en redes sociales.
Mientras que el también conocido como Zorro en la política es una persona activa en la red social Twitter, desde donde cuestiona a la administración de Evo Morales y recientemente publicó una foto de una reunión con el secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagero. No hace referencia, por lo menos últimamente a lo ocurrido en 2003.
La Acción Civil, admitida en 2013, concluyó con la Etapa de Descubrimiento. Según Mayta esa etapa concluyó en agosto pasado e incluyó la presentación de los últimos alegatos por las partes y la declaración de testigos.
«Este proceso avanzó significativamente. Todo este año fue un año de trabajo intenso del equipo jurídico que ayuda a llevar adelante esta demanda. Antes de ingresar a juicio hay una etapa que se denomina Etapa de Descubrimiento que finalizó en agosto pasado con la presentación de las pruebas de uno y otro lado; se tomó declaraciones de testigos. Adicionalmente se tomó las declaraciones de Sánchez Berzaín y Sánchez de Lozada; esto nos hace ver que el proceso está encaminado y esperamos que en el primer semestre del 2018 podamos tener un juicio oral en Estados Unidos», expresó el abogado.
No obstante, Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín aún tienen opción de presentar un alegato más donde -según Mayta- podrían requerir no considerar la causa debido a deficiencias en las pruebras.
- Militares custodian zonas de El Alto durante la Masacre de octubre de 2003. Foto: archivo
«Es un último obstáculo», remarcó el abogado, quien precisó que de ser desahuciado este recurso las exautoridades irían a un juicio oral que sería resuelto en un tiempo breve, incluso en unas «cuantas semanas».
La naturaleza de la acción civil presentada contra las exautoridades de Estado busca también el resarcimiento a las víctimas de la masacre, pero -según Mayta- lo que se busca también es sentar precedente que permita a futuro lograr su extradición.
En memoria de las víctimas, este jueves habrá una misa en la Alcaldía quemada de El Alto, epicentro de un conflicto que derivó en la dimisión de Goni y el inicio de un proceso que acabó con lo que se denominó la democracia pactada al asumir el poder Evo Morales con más del 50% del apoyo ciudadano.
Mucho de los heridos en esas violentas jornadas ya perdieron la vida.
(11/10/2017)
