La Comisión Mixta de Justicia Plural de la Asamblea Legislativa Plurinacional recomendó autorizar el juicio de responsabilidades contra los exministros Gonzalo Méndez e Isaac Maidana por la suscripción de contratos que afectaron económicamente al Estado.
Los informes serán analizados por el pleno del órgano deliberativo en la sesión prevista para el martes 14 de noviembre. De ser aprobados, los citados deberán comparecer ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que decidirá sobre la responsabilidad de las exautoridades.
El primer caso está referido a la compra de un radar que autorizó Méndez, en su calidad de ministro de Defensa del gobierno del presidente Eduardo Rodríguez Veltzé, para el relevamiento de datos geográficos en la frontera común de Bolivia, Brasil y Perú y otras regiones del país.
Según la acusación de la Fiscalía, en este caso hay un daño económico de más de $us 22 millones por la adquisición “irregular” de los equipos a la firma Orbisat que ya contaba con el proyecto y el presupuesto con anticipación a la aprobación de la ley que garantizó la compra.
“Se han contravenido normas legales de adquisición de productos y servicios del Estado. En esa medida, es que la Comisión ha decidido recomendar a la Asamblea, a través de un informe, la autorización del procesamiento de este exministro”, señaló el presidente de la repartición legislativa, el oficialista Milton Barón. Méndez también fue investigado por el caso de la desactivación de los misiles chinos.
Sobre Maidana, exministro del gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada en 2002, pesa la acusación de contratos “lesivos al Estado” en la contratación de una consultoría para la puesta en marcha de la Reforma Educativa.
“En este caso, hay un gasto que el Estado erogó de cerca de $us 1 millón, un poco de $us 900 mil, (cuando existe) personal técnico en el Ministerio de Educación”, dijo Barón. A Maidana lo procesaron además por el caso GTZ relacionado con la Reforma Educativa.
También está involucrado en este proceso Donato Ayma, el exministro de Educación del gobierno de Carlos Mesa, en 2003, pero se descartó el juicio porque el citado falleció en noviembre de 2016.
La Comisión además analizó la acusación en contra del exministro de Trabajo Óscar Zamora Medinacelli, quien en 1992 mediante una resolución emitida por su despacho, según la acusación de la Fiscalía, autorizó el pago de vacaciones anuales y horas extraordinarias de trabajadores de servicio aéreos que estaban declarados en comisión.
“En este caso se ha visto que no hay una debida y suficiente argumentación, ni tampoco elementos de juicios para sustentar un probable ilícito que se habría cometido, debido a eso la Comisión ha visto no autorizar el juicio”, explicó Barón.
El legislador reveló que hay 18 casos similares que también buscan enjuiciar a exautoridades de Estado y de gobiernos regionales, los cuales serán revisados por la Comisión Mixta de Justicia Plural. (09/11/2017)
