La Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) autorizó, este martes, el inicio de juicios de responsabilidades a los exministros Gonzalo Méndez Gutiérrez, de Defensa Nacional; e Isaac Maydana Quispe, de Educación por diferentes casos, de acuerdo a las conclusiones de la comisión mixta de Justicia Plural Ministerio Público y Defensa Legal del Estado.
Además se determinó “el no enjuiciamiento” de los exministros Óscar Zamora Medinacelli, de Trabajo por falta de fundamentación penal y a Donato Ayma, de Educación, quien falleció el pasado año.
Los tres informes que aprobó la comisión mixta corresponden a solicitudes planteadas por el fiscal general del Estado en solicitud a autorización legislativa para llevar adelante los juzgamientos.
El primero, corresponde a la solicitud de inicio de juicio de responsabilidades al exministro de Defensa Nacional, Gonzalo Méndez Gutiérrez, por el uso indebido de influencias, resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, contratos lesivos al Estado y conducta antieconómica en la adquisición de un sistema de radar de la empresa Orbisat, para el levantamiento de datos geográficos en la frontera conformada entre Bolivia, Brasil y Perú, explicó el presidente de la comisión, Milton Barón.
El segundo informe autoriza el inicio de un juicio de responsabilidades al exministro de Educación, Isaac Maydana Quisbert, por la comisión del delito de contratos lesivos al Estado, a causa de la contratación de servicios de consultoría para la implementación de la Reforma Educativa, cuando existía el personal técnico necesario en el Ministerio de Educación para llevar adelante la menciona implementación.
En el mismo caso, la comisión mixta de Justicia Plural Ministerio Público y Defensa Legal del Estado recomendó la no autorización del juicio de responsabilidades contra el exministro de Educación, Donato Ayma, porque falleció el 24 de noviembre de 2016.
Finalmente, la ALP aprobó un tercer informe de la comisión mixta y el no enjuiciamiento del exministro de Trabajo y Desarrollo Laboral, Oscar Zamora Medinacelli, por la supuesta comisión del delito de resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, por la emisión de resoluciones ministeriales que dispusieron el pago de beneficios sociales a dirigentes de la Federación Nacional de Trabajadores de Aasana, pero después de un análisis jurídico se determinó la falta de fundamentación penal.
