La oposición solicitó que la presidenta del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Katia Uriona, brinde un informe oral para conocer los efectos y consecuencias jurídicos que tendría si se tratara de anular los resultados del referéndum del 21 de febrero de 2016, que rechazó la repostulación del presidente Evo Morales.
La petición fue hecha por los senadores de la alianza de Unidad Demócrata (UD), Yerko Nuñez y Edwin Rodríguez ante la presidencia de la Cámara Alta luego de que el 28 de noviembre se diera a conocer el fallo del TCP que daba luz verde a la repostulación de Morales, y otras autoridades subnacionales en las próximas elecciones.
Son seis las preguntas que la oposición plantean los legisladores peticionantes. Una de ellas, la pregunta cinco que se formula a Uriona sobre “qué efectos y consecuencias jurídicas traería consigo si se trataría de anular la decisión adoptada” en el Referéndum del 21 de febrero de 2016, además si existiría algún posible daño económico al Estado si se tratara de anular dicho resultado.
En otra de las consultas se pide conocer el alcance del fallo judicial del TCP frente a la “decisión de 2.682.517 millones de ciudadanos que votaron por la opción No” a una nueva repostulación del presidente Morales.
La decisión judicial trajo consigo una serie de protestas de colectivos ciudadanos en diferentes regiones del país y, por otro lado, la celebración del oficialismo que aguardaba el resultado judicial del recurso planteado por legisladores del Movimiento Al Socialismo (MAS) y algunos de la oposición.
En ese marco, la presidenta del TSE, Katia Uriona, planteó hace una aclaración al TCP respecto al carácter vinculante del referéndum del 21 de febrero de 2016 ya que, a su criterio, consideró que “hubiera sido deseable” que el fallo constitucional no haya sido público en estos días, ya que generó una situación de “tensión” en varias regiones del país a horas de las elecciones judiciales.
Los presidentes de la Cámara de Diputados y del Senado, Gabriela Montaño y Alberto Gonzales, respectivamente, rechazaron la solicitud que planteara hacer la presidenta del TSE. Consideraron que no estaba entre sus atribuciones hace ese tipo de consultas. (4/12/2017)
