El fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) que habilitó la repostulación del presidente Evo Morales sumó voces de alerta que incluso advierten riesgos para las bases de la democrácia, las que sin embargo el oficialista Movimiento Al Socialismo (MAS) considera expresiones aisladas que no afectan la estabilidad y que no representan a la mayoría.
La Iglesia Católica, los empresarios privados, el Comité pro Santa Cruz, la Universidad Gabriel René Moreno, expresidentes y jefes de la oposición, por separado, emitieron comunicados expresando su preocupación por la decisión del TCP y sus consecuencias. En contraparte, representantes del oficialismo restaron importancia a la representatividad y al nivel de convocatoria de algunos de estos grupos.
Los magistrados del TCP hicieron conocer su decisión el 28 de noviembre y las reacciones fueron inmediatas. Inicialmente cerraron filas en contra del fallo las representaciones políticas opositoras en el Legislativo, expresidentes y líderes de oposición. Luego se sumaron una serie de colectivos ciudadanos en Santa Cruz, La Paz, Cochabamba y Tarija, donde actualmente está en curso una huelga de hambre del denominado Comité Cívico Juvenil.
El diputado Ignacio Soruco (MAS) defendió la legalidad del fallo constitucional y cuestionó que en su momento la oposición y los cívicos cruceños, que ahora anunciaron un paro a nivel nacional, no hayan activado una estrategia jurídica.
“Están haciendo esfuerzos aislados, nosotros vamos a mostrar cohesión, participación y unidad el sábado 16, seguramente vamos a medir fuerzas en cuando al poder de convocatoria”, desafió, en alusión a la convocatoria que hizo el oficialismo para una concentración en Cochabamba con la finalidad de celebrar el triunfo electoral del MAS en 2005, cuando Evo Morales ganó con más del 50%.
Santa Cruz fue el epicentro de esas movilizaciones, donde jóvenes marcharon y presionaron al Comité Cívico para que convoque a una Asamblea de la Cruceñidad, que el miércoles decidió una movilización para el 15 de diciembre, además de coordinar un paro cívico a escala nacional, aún sin fecha, en contra del fallo de los magistrados del TCP, que concluirán funciones en breve.
En las últimas horas hicieron conocer su posición institucional la Iglesia Católica, la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) y la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno. La Iglesia Católica, en un comunicado titulado “Sin respeto a las leyes no hay democracia”, denunció que el fallo constitucional rompe los principios democráticos y “abre el camino al totalitarismo y al dominio del más fuerte”.
Los empresarios, también en un pronunciamiento, expresaron: “Nos asiste la preocupación sobre las consecuencias de la inadecuada administración de justicia, reflejada en los últimos fallos emitidos por el Tribunal Constitucional Plurinacional, razón por la que demandamos que se garantice la fuerza, supremacía y principios de la Constitución Política del Estado”.
Aclarando su independencia político-partidaria, propusieron “un gran acuerdo de concertación para recuperar la institucionalidad del Órgano Judicial”.
Para la ministra de Comunicación, Gisela López, el Comité Cívico de Santa Cruz “ha tenido su momento en la historia” y ahora “no tiene una representación del pueblo”; no obstante, dijo que tienen el derecho de realizar la protesta que determinaron, aunque dijo que espera que sea sin violencia y sin actos de racismo o discriminación.
La Universidad Gabriel René Moreno de Santa Cruz advierte que el fallo constitucional representa una ruptura del Estado de derecho en Bolivia. “La Universidad Pública no puede ignorar semejante aberración jurídica y política dictada por los altos magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional que han quedado en entredicho por su comportamiento académica doctrinal y de formación profesional con este fallo”, sostienen en un comunicado. (07/12/2017)
