La Asamblea Legislativa Plurinacional, en su décima séptima sesión ordinaria, aprobó la noche de este lunes el informe final de la comisión especial mixta que investigó el caso denominado Papeles de Panamá y aprobó remitirlo al Ministerio Público y a la Procuraduría General del Estado para que inicien las acciones legales.
Recomendó además al Banco Central de Bolivia (BCB) tomar medidas para desincentivar la práctica de la transferenbcia de fondos a países considerados paraísos fiscales y la aprobación de una ley específica para estos casos.
La comisión presidida por el diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS) Manuel Canelas indagó sobre la presunta evasión impositiva a través de empresas y consorcios en los denominados paraísos fiscales.
Al prsentar el informe, dijo que los paraísos fiscales son un problema estructural mundial y que el Estado boliviano “entendió tarde” esta figura, mientras que una “parte de la élite ya tenía conocimiento y experiencia en ellos hacía 30 años ”.
Por ello, recomendó el tratamiento de un anteproyecto de ley de lucha contra el uso de paraísos fiscales para evitar ilícitos que causan daños a particulares y al Estado.
Ya en la mañana, al inicio de la plenaria, el vicepresidente Álvaro García Linera había dicho que los daños al Estado por esta práctica representaban «posiblemente alrededor de $us 1.000 millones», aunque según el documento en conclusiones se estima que en 2016 se transfirieron de Bolivia hacia paraísos fiscales unos $us 989 millones, lo que representaría una evasión impositiva de $us 662,6 millones.
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Entre los casos investigados se encuentran los de Entel Bolivia International Limited (EBI), Comteco, familias Marinkovic, Romero y Kreidler, Akapana S.A. y otros.
Con respecto al caso de la familia del empresario cruceño Branko Marinkovic, Canelas informó que en el paraíso de Panamá aparece como poseedora de 14 empresas, que son utilizadas para evadir impuestos por transferencias, lo que causa un daño económico al Estado boliviano.
Respecto a la familia de Samuel Doria Medina, explicó que a mediados de 2005, el político y empresario boliviano decidió vender sus acciones de la cementera Soboce al grupo mexicano Chiguagua, pero antes las vendió a sus hermanas, quienes abrieron una empresa en un paraíso fiscal, denominada Akapana, y que ese mismo día las vendieron a la empresa mexicana en una transacción con un monto superior.
En cuanto al caso de Walter Kreidler, exministro de Carlos Mesa, el diputado del MAS dijo que llamó la atención por tratarse de una exautoridad, la cual, durante el ejercicio de su cargo público, constituyó una empresa en El Salvador, por lo que sugirió tener mucha rigurosidad con casos similares.
En el informe de la comisión mixta, también se sugiere analizar los casos Urenda, Dueri, Luzio, Daher y Campusano, ya que en estos se evidencia el incremento de capitales elevados en sociedades bolivianas y la existencia de empresas “offshore”, creadas en Panamá, mediante mecanismos contables, en los que se advirtieron transferencias de divisas a paraísos fiscales.
También se recomienda al BCB que «analice la pertinencia de diferenciar la comisión, para la transferencia de fondos al exterior cuando se trate de transferencias a países o territorios considerados paraísos fiscales, a fin de desincentivar las operaciones realizadas con éstos»..
De igual manera, se sugiere a la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero que efectúe un control adicional y más riguroso en el caso de que existan transferencias de acciones a sociedades “offshore” constituidas en paraísos fiscales.
Finalmente, Canelas denunció que las oficinas del comité y la comisión sufrieron dos robos de equipos, además de que sus integrantes sufrieron el constante acoso de personeros de Comteco. (11/12/2017)
