El Gobierno denunció la mañana de este sábado, en Villa Tunari, Cochabamba, que existe penetración y manejo político en las manifestaciones callejeras que protagonizan los médicos y atribuyó a ese hecho la violencia desatada entre el jueves y viernes en la Sede de Gobierno.
Carlos Romero, ministro de Gobierno, dijo en una conferencia de prensa que los manifestantes recurrieron al uso de nuevos dispositivos artesanales modificados para lograr mayor contundencia en sus ataques contra la Policía. Mencionó, por ejemplo, el uso de canicas acondicionadas en petardos y la presencia de hondas de gran tamaño.
«Lamentamos que se esté generando una estrategia de violencia, de confrontacion con la Policía pretendiendo mostrar que la movilización es duramente reprimida (…) Cuando el grueso de los manifestantes se retira quedan grupos de choque que atacan instituciones públicas, que significa un ataque a las instituciones del Estado», sostuvo.
En su presentación, Romero citó varios nombres que fueron acompañados de fotografías, entre ellos Edgar Mora, Alejandro Pinto Mamani, José Quispe, José Luis Álvarez, Óscar Heredia Julio Álvarado, Jaime Solares, Carlos Alarcón y Diego Ayo, a los que señaló como actores políticos incrustados en las marchas de los médicos para promover la violencia.
«Hay una violencia dirigida por políticos de oposicion, neoliberales, que está desnaturalizando la movilización de los médicos y esto es preocupante porque desfigura el caracter de esa movilización», señaló.
Según el ministro, lo que se buscan es generar una imagen de confrontación con el Gobierno ante la sociedad y presentarse cómo víctimas de agresión por parte de la Policía, cuando en realidad grupos de choque son los que atizan la violencia.
La huelga general de los médicos que hoy ingresó a su trigésimo primer día después de masivas manifestaciones en La Paz, entre jueves y viernes, dejó al menos ocho detenidos producto de nuevos enfrentamiento entre policías y estudiantes.
Los médicos exigen la derogación del Decreto Supremo 3385 que crea la Autoridad de Fiscalización del Sistema de Nacional de Salud y la anulación del artículo 205 de la Ley del Código del Sistema Penal que sancional la mala práctica profesional.
Entre otros nombres citados por Romero se encuentran el del rector de la UMSA, Waldo Albarracín, el abogado y vinculado con el caso Zapata, Eduardo León y Daniel Piker Acosta, un activista que -según el Ministero- tiene nacionalidad española.
La autoridad de Gobierno reiteró que las puertas del diálogo están abiertas y llamó a los políticos a desalojar las movilizaciones. (23/12/2017)
