La posibilidad de que las organizaciones políticas puedan ser financiadas por el Estado fue descartada en el anteproyecto de Ley de Organizaciones Políticos. Ahora se manejará un “sistema mixto” que combina lo privado, vigente, con algunas restricciones, y el fortalecimiento público además de capacitaciones que accederán los militantes.
La norma fue elaborada luego de al menos siete meses de trabajo, deliberación, encuentros departamentales y propuestas que se recogieron de organizaciones políticas, mujeres, indígenas y sectores sociales, informó el presidente interino del Tribunal Supremo Electoral (TSE), José Luis Exeni.
Actualmente todas las organizaciones políticas se financian con recursos privados de sus militantes, dirigentes, donaciones, contribuciones o aportes de sus propios miembros y a través de recursos o financiamiento público como rifas u otros eventos que ayuden a solventarse de manera lícita.
“Se habla del financiamiento público porque no se va a reponer el dinero que se entregaba a los partidos, no va a ocurrir eso, pero si está previsto unos recursos administrados por el Órgano Electoral para garantizar el acceso equitativo a medios en años electorales y además espacios de capacitación de capacitación y formación en años no electorales”, explicó Exeni.
Estos aspecto, según dijo, podrán contribuir “de manera transparente” el funcionamiento de las organizaciones políticas para los procesos electorales. Esto permitirá además mejorar el sistema de representación política en el país en la administración de recursos.
“Las restricciones tienen que ver por ejemplo a que un partido no puede financiarse con recursos de entidades públicas, de organismos extranjeros, con recursos ilícitos de cualquier fuente, juegos de azar y una serie de restricciones que garantizan que ese financiamiento privado va a ser lícito”, sostuvo.
El Gobierno anuló en 2008 el financiamiento estatal a los partidos políticos en medio del rechazo de los frentes opositores.
El documento final fue aprobado en la última Sala Plena que tuvo lugar el pasado año y ahora se encuentra en la fase final de revisión técnica para su posterior presentación ante la Asamblea Legislativa Plurinacional para fines de este mes o principios de febrero.
“Es una normativa muy avanzada que pone a las organizaciones políticas muy a tono con los desafíos democráticos establecidos en la constitución y genera mecanismos para impulsar y garantizar la democracia interna de las organizaciones políticas y además del mecanismos de transparencia, fiscalización y de rendición de cuentas”, afirmó.
Hasta 2016, en Bolivia se encontraban registrados 70 partidos políticos y diversas organizaciones ciudadanas. Según un último informe, todos suman un patrimonio económico de Bs 17.250.323 millones, además que registran Bs 22,1 millones en egresos y Bs 23,8 millones en ingresos. (5/01/2018)
