En tanto los jueces de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) alistan la definición de su directiva, Bolivia asegura que está preparada para la fase oral de la demanda marítima que reside en ese tribunal y aguarda la notificación para afrontar ese paso procesal que se dará previo al dictamen previsto para la segunda mitad de este año.
“A través de nuestro agente, Eduardo Rodríguez Veltzé, estamos haciendo un seguimiento paso a paso (…) ahora (los jueces) están en la etapa de estructuración orgánica para decidir quién va ser presidente, una vez que eso termine, estamos esperando la notificación oficial del inicio de la etapa oral”, señaló el canciller Fernando Huacacuni este lunes en una rueda de prensa.
“Eso estimamos que va a ser al inicio de febrero, nosotros estamos ya preparados y después nos señalarán día y hora específico para que se inicie la etapa oral”, añadió.
El jefe de la diplomacia boliviana explicó que el país “tiene un cronograma de trabajo que no solo es cuestión de tiempos”, sino que además está marcado por el “trabajo intenso” del equipo jurídico nacional e internacional que sostiene reuniones permanente no solo para atender la demanda marítima, sino además el litigio por las aguas manantiales del Silala que auspicia Chile contra Bolivia.
“Siempre estamos en permanente coordinación (…) pero también tenemos un encuentro en el equipo internacional y nacional en un diálogo permanente con el Presidente (Evo Morales)”, sostuvo el diplomático.
La administración del mandatario boliviano confía en un fallo favorable sobre la base, asegura, de los contundentes argumentos expuestos a lo largo del juicio.
Inclusive instruyó recopilar información sobre temas geográficos, comerciales y de transporte marítimo con la finalidad de iniciar una eventual negociación con miras a una salida soberana al Pacífico, la base del juicio instalado en 2013.
Desde Santiago, La Moneda rechaza esa la posibilidad y sostiene que de ninguna forma los compromisos hechos a lo largo de la historia por autoridades chilenas generen derechos y, por tanto, obligaciones para sentar una negociación, tal como demanda Bolivia. (08/01/2017)
