El Comité Cívico Potosinista (Comcipo) alienta la conformación de un bloque con sus pares del país para definir acciones conjuntas en contra del nuevo Código de Sistema Penal y su primer paso será la cita fijada para este miércoles a la que asistirán dirigentes de al menos cuatro departamentos.
El vicepresidente de Comcipo Marco Antonio Pumari precisó que los dirigentes cívicos de Tarija, Chuquisaca, Cochabamba y Santa Cruz “ya han manifestado su participación” y viajarán hasta la capital de Potosí para ese fin.
“Ya se han enviado las convocatorias, nos han confirmado la participación de alrededor de cinco comités cívicos de otros departamentos para que el día miércoles se pueda llevar adelante esta reunión con la participación mayoritaria y podamos tomar acciones conjuntas”, señaló.
Pero la idea no es emitir solo un pronunciamiento que rechace la cuestionada Ley, sino “tomar acciones que vayan y sean una muestra de unidad del pueblo boliviano y en especial del descontento a lo que es el nuevo Código Penal”.
De hecho, este martes Potosí y Cochabamba han paralizado actividades con ese propósito. En la capital potosina, hay reportes de bloqueos en los accesos interdepartamentales, mientras que en la urbe cochabambina varias calles están cerradas al tráfico vehicular luego de que transportistas federados dejaran sus vehículos en varias esquinas.
Similar protesta se sostiene en Sucre, la capital de Chuquisaca, y Santa Cruz. La Policía anunció operativos para habilitar las vías afectadas.
Las protestas en contra del Código se gestaron con los médicos el 23 de noviembre de 2017 con un paro indefinido que culminó este lunes 8 de enero de 2018 con la firma de un acuerdo y el compromiso gubernamental de la atención a las demandas de sector, entre ellas la derogación del artículo 205 que sanciona la mala práctica profesional y que está en trámite en el Legislativo.
La alerta sobre los alcances de la normativa además alcanzó en las últimas semanas a grupos de transportistas que observaron el artículo 137 referido al homicidio con medio de transporte, que se encuentra en trámite de derogación junto con el otro a pedido expreso del presidente Evo Morales.
Pero hay otros sectores como los de los gremiales, abogados, grupos católico cristianos y otros que ahora piden la abrogación de la normal, es decir, su anulación total.
El Gobierno minimizó esas posturas, denunció un afán de desestabilización y aseguró que las convocatorias a nuevas protestas en contra de la norma no tienen norte.
El viceministro de Coordinación con Movimientos Sociales, Alfredo Rada, vaticinó que “esta intentona desestabilizadora está rumbo al fracaso”. (09/01/2018)
