Los presidentes de las cámaras de Diputados, Gabriela Montaño, y del Senado, Alberto Gonzales, ofrecieron una conferencia de prensa para identificar al menos seis mentiras que consideran que circulan por redes sociales sobre el nuevo Código de Sistema Penal y que consideran que forman parte de una campaña. Pidieron a los medios de comunicación abrir debates entre autoridades y “la gente que está mintiendo”.
Ambos legisladores del oficialismo coincidieron en cuestionar los intereses políticos que en su criterio motivan la campaña con el interés –dijeron- de desinformar a la ciudadanía y generar susceptibilidades frente a una normativa que defendieron porque, por ejemplo, endurece sanciones contra quienes vulneren derechos de las personas vulnerables.
Evitaron responder a las preguntas de la prensa tras concluir sus cuestionamientos. Gonzales negó que exista algún artículo que vaya a sancionar con cárcel a los bachilleres que busquen ingresar a la universidad. “Están utilizando a las familias y adolescentes que con este Código se los va a meter presos. Hemos llegado a ese extremo”, criticó.
El Código es resistido por diferentes sectores con medidas de presión como paros cívicos, como el que se da en Santa Cruz y que se realizaron en Cochabamba y Potosí. Las protestas exigen no solo la derogación de algún artículo sino del conjunto de la normativa.
Gonzales también negó que se haya excluido la persecución penal al microtráfico de drogas o que se desproteja a la mujer que quede embarazada y sea abandonada por su pareja.
Montaño aseguró que el artículo 160 de la nueva norma protege a la mujer embarazada y, a diferencia del anulado Código aprobado en el gobierno dictatorial del extinto Hugo Banzer, sube la sanción penal contra quien abandone a una mujer que esté esperando familia con detención carcelaria de hasta cuatro años.
La cuarta mentira que identificaron está relacionada con las motivaciones de la protesta de las organizaciones religiosas sobre el artículo 88 de trata de personas. Ese artículo penaliza hasta con 12 años de cárcel a las personas que capten, transporten, trasladen, priven de libertad, acojan o reciban a personas para fines de conflicto armado y reclutamiento en organizaciones religiosas o de culto.
Gonzales aseguró que no está penalizada la actividad religiosa y que ese aspecto fue introducido por recomendación de organismos internacionales para evitar se repitan hechos como el ocurrido en 2014 en Nigeria cuando la milicia jihadista de Boko Haram secuestró a más de 200 estudiantes o el envenenamiento, en 1978, con cianuro en una secta religiosa del evangélico Jim Jones.
“Se garantiza que aquellas iglesias legalmente constituidas y que realicen sus actividades dentro de las normas, de ninguna manera van a ser alcanzadas por el artículo 88”, aseguró Gonzales.
Montaño rechazó la «quinta mentira» que circula, principalmente en redes sociales, sobre la posibilidad de que, a partir del Código se vaya a quitar los bienes y propiedades a las personas, y la sexta sobre el encarcelamiento para quienes vayan a equivocarse en el llenado de una factura.
En la conferencia de prensa, la presidenta pidió a los medios de comunicación organizar debates “con la gente que está mintiendo” para que las autoridades despejen las dudas sobre la normativa penal.
