Tras el anuncio del presidente Evo Morales de abrir un periodo de revisión del polémico Código de Sistema Penal, la Asamblea Legislativa Plurinacional alista la metodología para recibir las observaciones de los sectores y grupos de profesionales con la premisa, si es verificada una “deficiencia” en algún artículo, de hacer las modificaciones pertinentes.
“La Asamblea está ya trabajando una propuesta de metodología para poder recibir a todos los sectores, a todos los ciudadanos y profesionales que tengan alguna observación o preocupación en relación al Código para que podamos hacerlo de manera ordenada, efectiva”, señaló la tarde de este lunes la presidente de la Cámara de Diputados, Gabriela Montaño.
La legisladora y el presidente del Senado, José Alberto Gonzales, dictaron una conferencia de prensa para explicar el derrotero de esta iniciativa que busca aplacar la crecida del conflicto que gira en torno a esta norma y tiene como base su abrogación, es decir, su eliminación total.
Por la mañana, el presidente Evo Morales anunció, tras una reunión con la Coordinadora Nacional por el Cambio (Conalcam), la apertura de un periodo de socialización y revisión de todos los artículos con los sectores y profesionales que vean sus derechos vulnerados.
Montaño apuntó que “si detecta alguna deficiencia justificada”, el Legislativo hará “la modificación que sea necesaria”.
“La idea es abrir un espacio de encuentro, de dialogo con la sociedad, con los diferentes sectores, en particular con aquellos que han manifestado durante este tiempo algún tipo de inquietud o preocupación en torno a los alcances de algunos artículos del Código del Sistema Penal”, destacó el presidente del Senado, José Alberto Gonzales.
El legislador oficialista detalló, en la misma línea de su correligionaria, que si algunos acápites afectaran a alguno de ellos, “la predisposición es modificar o perfeccionar la redacción de dichos artículos”.
La norma tiene la premisa de alentar las grandes trasformaciones de Justicia, que está afectada por la burocracia y la corrupción.
Para los opositores, la única salida al trance es la abrogación, algo que a la fecha la administración de Morales ha descartado, pues solo ordenó la derogación de los artículos 137 y 205 cuestionados por los transportistas y médicos, respectivamente. (15/01/2018)
