La arremetida contra el nuevo Código del Sistema Penal arrecia. Potosí reactivó este lunes su paro indefinido, en El Alto una de las juntas vecinales instalan puntos de bloqueo y la Central Obrera Boliviana (COB) marcha en La Paz contra la norma y cumple un paro de 72 horas. Cívicos en Cochabamba y Beni asumirán medidas similares este martes y miércoles, respectivamente.
Ley penal 1005 promulgada el 15 de diciembre de 2017 es cuestionada además por trabajadores en salud, transportistas, gremiales, abogados, grupos católicos y sus clérigos y otros y han protagonizado una seguidilla de manifestaciones en las calles.
En el otro frente, el Gobierno atribuye las protestas a un plan de “desestabilización” y la Asamblea Legislativa Plurinacional, de amplia mayoría oficialista, alienta reuniones con distintos sectores para desactivar el creciente conflicto. La semana pasada, ya pararon Santa Cruz, Chuquisaca, Oruro y Tarija.
Los convocados son la Federación de Cooperativas Mineras (Fencomin); la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (Cainco); y sectores del transporte, entre ellos la Asociación de Transporte Pesado Internacional (Asociatrin), pero se abrieron a recibir a otros sectores.
El presidente Evo Morales, este lunes se refirió al asunto y aseguró que “no hay una convulsión” social tal como algunos actores políticos advierten, sino “es una conspiración de grupos de la derecha”.
Empero, anunció, tras una reunión con la Coordinadora Nacional por el Cambio (Conalcam), la apertura de un periodo de socialización y revisión de todos los artículos con los sectores que vean sus derechos vulnerados.
En caso de que se evidencian ese tipo de cuestiones, el mandatario comprometió los ajustes pertinentes. “si de verdad, algún artículo afecta a algún sector social, estamos dispuestos a modificar o perfeccionar la redacción correspondiente”, remarcó.
Es la segunda vez que Morales se reúne con la Conalcam para tratar el conflicto generado a partir del Código Penal. La primera cita se dio ante el la huelga indefinida de los médicos que acabó tras 47 días. Morales en ese entonces decidió derogar los artículos 137, cuestionado por los transportistas, y 205 que sancionaba la mala práctica profesional, rechazado por los galenos.
Morales insistió en que “no es problema del Código Penal, es un problema político” y anticipó que durante su informe del 22 de enero en el marco de la conmemoración del Estado Plurinacional se hará no solo un repaso de los aciertos, sino también de los yerros de la gestión 2017 que cierra. (15/01/2018)
