El Servicio Plurinacional de Asistencia a la Víctima (Sepdavi) brindará la asistencia legal a los familiares de Carla Bellot y Jesús Cañisaire y asumirá acciones para lograr una sentencia, informó este martes el ministro de Justicia, Héctor Arce, a la conclusión de una reunión con familiares. La autoridad advirtió que las familias de Carla y Jesús denunciaron ser víctimas de amenazas.
«Queremos informar de manera oficial que después de una reunión bastante dolorosa por los testimonios que hemos escuchado se ha tomado la decisión de que el Ministerio de Justicia, a través del Sepdavi, ha de llevar adelante el proceso contra los autores, cómplices y encubridores de este caso hasta las últimas consecuencias», declaró Arce.
Después de aproximadamente una hora de reunión entre el Ministro y seis familiares (tres de Carla y tres de Jesús), Arce advirtió que éstos expresaron su preocupación en materia de seguridad porque aparentemente recibieron amenazas que podrían provenir de la familia León, cuyos integrantes Israel y Mikaela (hermanos) se encuentran detenidos por el doble asesinato.
«No podemos identificar ahora, se hará la investigación y ellos presumen que sería la familia León. Si es necesario darles una seguridad especial lo 
vamos hacer», argumentó la autoridad de Estado, quien advirtió que las amenazas serían a través de las redes sociales, sin especificar cuáles.
Carla y Jesús desaparecieron la madrugada del 1 de enero de la Discoteca Planta Baja ubicada en la calle Figueroa, en pleno centro de la ciudad de La Paz. Tras 19 días de búsqueda sus cuerpos fueron hallados al interior de un embovedado de río en la zona de Villa Fátima, en el barrio Petrolero, al este de la urbe.
Además de los hermanos Israel y Mikaela, la Policía identificó a Eliot León (hermano de Israel y Mikaela y actualmente prófugo) y Renzo Cáceres (esposo de Mikaela y detenido) como los otros involucrados en el crimen.
Arce dijo que desde su despacho se buscará la máxima sanción contra los responsables de la muerte de la pareja, que según la Cónstitución y el Código Penal vigente es de 30 años de cárcel. (23/01/2018)
