El Consejo Nacional del Refugiado (Conare) dependiente del Ministerio de Justicia de Brasil, resolvió conceder refugio definitivo y entregó el carnet de extranjero residente al exfiscal del caso terrorismo, Marcelo Soza, quien ingresó a ese país en marzo de 2014. El pasado 22 de enero, Soza recibió su cédula de identidad de extranjero, bajo la categoría de residente y con permiso para trabajar en Brasil y recibir una remuneración.
El exjefe de seguridad de Soza, excapitán de la Policía Boliviana, José Juan Laguna Saavedra, recibió el mismo beneficio luego de que el Conare aceptará los argumentos de persecución política en Bolivia.
Soza ingresó a Brasil el 6 de marzo de 2014, en medio de un proceso abierto por la Fiscalía General del Estado por presunto incumplimiento de deberes en el caso Terrorismo, que alude a la desaparición del supuesto grupo terrorista de Eduardo Rosza Flores el 16 de abril de 2009 en el Hotel Las Américas de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra.
El exfiscal fue acusado por declaraciones que fueron grabadas en forma encubierta. Soza también fue implicado en un caso de extorsión, con lo que las investigaciones se mancharon con denuncias de persecuciones e imputaciones selectivas a empresarios y cívicos que resistieron las presiones de extorsión.
A raíz de esos audios y acorralado por citaciones, Soza desapreció de escena y la Fiscalía le inició un proceso interno que acabó con su destitución y luego ordenó un juicio llevado en rebeldía que el 09 de diciembre de 2015, acabó con una sentencia de un año de cárcel en el penal de San Roque de Sucre.
El 8 de diciembre de 2017, el Conare resolvió conceder el estatuto de refugiado en base al artículo 1 de la Ley 9.474 del 22 de julio de 1997. El pasado 22 de enero, Soza recibió su cédula de identidad de extranjero, bajo la categoría de residente y con permiso para trabajar en Brasil y recibir una remuneración.
Por su parte, Laguna también recibió la cédula de extranjero residente, con permiso para trabajar y recibir una remuneración. El Conare emitió resolución de refugiado en la misma sesión que trató el caso del exfiscal. El Ministerio de Justicia se ampara en el artículo 1 de la Ley 9.474 del 22 de julio de 1997.
