Cocaleros de los Yungas levantaron al mediodía de este jueves el bloqueo de caminos que instalaron en esa región el lunes y decidieron dar un plazo de 48 horas al Gobierno para liberen a sus afiliados detenidos por presuntamente herir de bala a dos policías.
Mientras tanto se mantendrán en una vigilia y advirtieron con cerrar la vía de manera indefinida si no son escuchados. Los uniformados desplezados a la región fueron replegados por órdenes superiores.
“Le damos al Gobierno 48 horas para que pueda liberar a nuestros hermanos detenidos, caso contrario, si no los liberan, se va a masificar el punto de bloqueo. Los Yungas están dispuestos a seguir luchando hasta las últimas consecuencias”, señaló a la red Unitel el dirigente de la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca) de La Paz, Franklin Gutiérrez.
El aviso del dirigente se da justo cuando se declaraba la apertura de la carretera en el sector de Santa Bárbara, donde se había instalado un bloqueo.
El miércoles hubo enfrentamientos en esa región entre cocaleros y policías durante el intento de desbloqueo. Los primeros denunciaron el uso de armas letales, pero fueron los uniformados quienes reportaron dos heridos producto del impacto de proyectiles de armas de fuego y otro par de lesionados con piedras.
El ministro de Gobierno, Carlos Romero, indicó este jueves que tras ese incidente la Policía detuvo a 10 cocaleros que ahora son investigados.
“Forman parte de la investigación porque han incurrido en tentativa de asesinato contra policías en Yolosita. Hemos instruido el repliegue de la Policía para que no se tengan que lamentar hechos que puedan generarse en una u otra parte, hemos solicitado una intervención muy rigurosa del Ministerio Público”, sostuvo.
Además, anunció “algunos allanamientos y otras diligencias para establecer la presencia de armas y la existencia de nexos de estas personas con otros hechos violentos y criminales que se han dado en esa zona”.
Gutiérrez exigió además el cumplimiento del pliego petitorio sectorial que alcanza a la comercialización directa de la hoja y la renuncia del ministro de Desarrollo Rural y Tierras, César Cocarico, a quien acusan de promover la “asfixia” de la comercialización del producto de ese sector, un extremo que la autoridad negó.
Para Romero, el conflicto es un “problema interno” con el que los cocaleros buscan el desconocimiento y anulación de la Ley General de la Coca, además de otros beneficios ilegales. (22/02/2018)
