El ministro de Gobierno, Carlos Romero, informó que a casi dos semanas de las dos explosiones en Oruro, la principal hipótesis apunta a una disputa económica y familiar.
“Se sigue trabajando con que el hecho principal, que estaría en el entorno, por una disputa económica y familiar. Hay varias hipótesis, pero esta es la que tiene más fortaleza”, afirmó la autoridad en declaraciones a La Razón.
Contó que Ana Fernández, una de las ocho víctimas de la primera explosión, tiene 135 hectáreas de tierra y estaba relacionada con la compra de un ingenio minero.
Es así que el Gobierno ofrece una recompensa de Bs 150.000 con la finalidad de que los testigos de las dos explosiones en Oruro, proporcionen imágenes, videos y testimonios, ya que hasta ahora, la información primaria es una debilidad en la investigación.
“No se obtuvo información muy significativa de fuentes primarias; el presidente (Evo Morales) tomó esta iniciativa de compensación económica para que las personas brinden información primaria sobre los autores intelectuales y materiales; es un mecanismo para fortalecer la información primaria que hasta ahora estuvo débil”, acotó.
La autoridad sostuvo que la información primaria es aquella que facilitan los ciudadanos, como imágenes caseras, videos o conocimiento de algún vínculo de las personas con los hechos.
“Sé que existen varias personas que tengan videos que vayan ser de utilidad para nosotros, entonces, voluntariamente a todas aquellas personas que tengan sus videos, sus fotos, deberían hacernos llegar como una forma de apoyar”, instó el comandante general de la Policía Boliviana, Faustino Alfonso Mendoza. Garantizó reserva de identidad de quienes aporten con el material audiovisual.
Durante la entrega de una unidad educativa en Oruro, el Presidente calificó como “atentado” las dos explosiones del 10 y 13 de febrero que dejaron 12 muertos y más de 50 heridos. “Hay una investigación, esfuerzo de la Policía, esfuerzo de la Fiscalía, pero no es suficiente, estamos haciendo seguimiento”, señaló Morales en el acto público.
El 20 de febrero se presentó ante la Fiscalía de Oruro el hombre que un día antes fue retratado por la Policía en un identikit como principal sospechoso de una de las dos explosiones. Se identificó como Marcelo Beltrán y negó su participación en los hechos.
La Policía estableció que Beltrán era familiar de los heridos y explicó que estaba en el momento del hecho porque junto a su familia hacían seguimiento a las investigaciones de la primera explosión. El 22 de febrero, un equipo de 60 especialistas se desplegó a Oruro para investigar las causas de las dos explosiones y el supuesto sospechoso ahora es testigo.
Previamente, se planteó la hipótesis que un derrame de aceite caliente provocó el deterioro de la manguera de la garrafa que ocasionó la fuga de gas derivó en la primera explosión, según el primer informe oficial que dio el Comando departamental de la Policía de Oruro.
Romero indicó que en ambos hechos se usó material explosivo y que ahora esperan informes técnicos de absorción atómica y la triangulación de llamadas.
El Mandatario señaló que “poner esta clase de bombas es un delito, realmente son criminales” y convocó a dar con los autores.
La Alcaldía de Oruro, la Gobernación y el Gobierno nacional destinaron recursos para apoyar a los familiares de los fallecidos y de las personas que resultaron heridas. “Estamos ayudando, casi se nos hace como Bs 3 millones, que están garantizados; que la familia no se preocupe”, afirmó el Presidente. (23/02/2018)
