La administración del presidente Evo Morales empezó a trabajar en las posibles vías para intervenir y precautelar la vida del boliviano Víctor Parada Vargas, quien fue condenado a muerte en Malasia por internar 450 gramos de cocaína. Su familia pidió ayuda al Gobierno dada la situación particular del caso.
El ministro de Justicia, Héctor Arce, informó del trabajo iniciado y que alcanza al análisis de tratados sobre protección de la vida y la vía diplomática.
«El Ministerio de Justicia está llevando adelante un estudio este fin de semana minucioso y detallado de las posibilidades que existen para apoyar a la familia de Víctor Parada y evitar su ejecución en el estado de Malasia, se está revisando los tratados internacionales, se están explorando las vías diplomáticas para tratar de ayudar», explicó, según reportó la ABI.
El boliviano fue condenado a la horca tras haber sido encontrado internando droga. Vivió varios años en España, pero fue deportado por su situación de ilegalidad y ya en Bolivia sufrió un accidente de trabajo que complicó su situación y lo orilló a recibir la ayuda de un sudafricano que luego lo chantajeó y obligó a transportar la droga.
En octubre de 2013 se conoció que había sido detenido y el 5 de enero último fue dictada la sentencia que ha movilizado a su familia en busca de ayuda para tratar de anularla tomando en cuenta, sobre todo la situación que motivó ese ilícito.
El canciller Fernando Huanacuni también informó de las gestiones que se iniciaron y que están apuntando a fortalecer la defensa legal del condenado, ya que ahora tiene la oportunidad de apelar su pena.
«En este momento se está trasladando nuestra Encargada de Negocios desde Japón hasta Malasia para hablar directamente con nuestro hermano detenido y hablar con los abogados de manera directa sobre la viabilidades jurídicas», informó el Canciller sin dar mayores detalles.
En 2013, fue detenido en Kuala Lumpur cuando trataba de introducir la droga en cápsulas ingeridas y fue sometido a la justicia de Malasia, que aplica la Ley de Drogas Peligrosas desde 1952, y que establece la pena de muerte como sanción a las personas que sean detenidas en posesión de más de 40 gramos de cocaína.
«Por parte del Ministerio de Justicia, de forma seria y responsablemente, se están realizando los estudios pertinentes a todos los tratados sobre protección a la vida, la posibilidad de una extradición y también las posibilidades de una acción diplomática ante el Gobierno de Malasia», sostuvo Arce.
