La ministra de Comunicación, Gisela López, cuestionó que los abogados del expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada mencionen en el juicio en Estados Unidos a Evo Morales y pretendan “cambiar la historia” de lo ocurrido en 2003. Es “una aberración jurídica”, dijo y recordó que en ese entonces Morales no gobernaba Bolivia ni tenía el mando de las Fuerzas Armadas.
Por su parte, Monseñor Jesús Juárez manifestó en su calidad de ex obispo de El Alto su deseo de que la “justicia terrenal triunfe, que los responsables de tanta pena y dolor a familias alteñas paguen sus culpas, pero sobre todo que la esperanza no se pierda en que la justicia celestial también brindara momentos de satisfacción a los oprimidos”.
En las primeras horas de las audiencias orales y tras el testimonio sobre la muerte con un impacto de bala de la niña Marlene Rojas Ramos en Warisata, la defensa del expresidente y del exministro de Defensa Carlos Sánchez Berzaín apuntó a Morales y al entonces dirigente campesino Felipe Quispe como instigadores de la revuelta social y de una conspiración con uso de armas.
“Los hombres responsables de la tragedia no están en este tribunal hoy”, afirmó Anna Reyes, quien representa a Sánchez de Lozada, reportó El Nuevo Herald.
López fue consulta sobre los argumentos de la defensa del exmandatario. “Me parece que es una aberración jurídica, pero sobre todo histórica ese tipo de afirmaciones que hace el expresidente”, respondió y añadió que difícilmente podrá ocultar, durante el juicio civil en Estados Unidos, lo que verdaderamente ocurrió en Warisata y El Alto.
“Pensar que en 12 o 13 años se puede barrar un pasaje histórico oscuro, bañado de sangre y donde han quedado familias sin un ser querido, sin hijos, huérfanos, viudas, pensar que se pueda borrar ese momento histórico en cuestión de años y querer cambiar la historia me parece terriblemente maquiavélico y perverso”, afirmó.
Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín acudieron el lunes junto a sus abogados a defenderse en el juicio civil instaurado por nueve familiares de ocho víctimas de los sucesos de octubre de 2003 que acabaron con la dimisión y huida al país del norte del entonces mandatario.
Respecto a las declaraciones de los abogados de Sánchez de Lozada en torno a Morales y Quispe, Juárez dijo que “cada persona es responsable de sus actos y los mismo tarde o temprano deberán ser sancionados”
