Este viernes concluye la primera semana del juicio civil contra el expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada (Goni) y su exministro Carlos Sánchez Berzaín en medio de la restricción dispuesta por el juez para que las partes no hablen con la prensa. No obstante, se conoce que los testimonios de las víctimas dieron inicio a este inédito proceso en Estados Unidos para mostrar la violencia ejercida desde el Estado.
Justamente uno de los elementos expuestos en el expediente del juicio es una recopilación de los hechos de violencia que marcaron el primer y segundo gobierno de Sánchez de Lozada. El fin es el mostrar al jurado que la violencia fue una de las características de un gobierno que acabó con más de 60 muertos y más de 400 heridos de bala en octubre de 2003.
La denominada “Masacre de Navidad” sucedida en 1996 en los centros mineros de Amayapampa y Capasirca, en Potosí, y las sangrientas jornadas de “Febrero negro” de 2003 son parte de los antecedentes del juicio civil que se tramita en el país del norte. Ambos hechos marcaron la gestión de Sánchez de Lozada en los gobiernos de 1993 – 1997 y 2002 – 2003.
Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín comparecen desde el lunes en un tribunal federal de Fort Lauderdale, en el Estado de Florida, en Estados Unidos, en un proceso alentado por familias de ocho víctimas de la “Guerra del gas de 2003”. Son acusados de “asesinatos extrajudiciales, crímenes de lesa humanidad y homicidio culposo contra ciudadanos” civiles.
El acápite 28 del primer legajo de la demanda reseña que “en el pasado, los demandados habían elegido usar la violencia contra los manifestantes, por ejemplo, en diciembre de 1996, durante su primer mandato, en respuesta a un ocupación minera y protesta en los pueblos de Amayapampa y Capasirca.
“Su gobierno rechazó las sugerencias de que negocien con los manifestantes. En cambio, enviaron tropas para enfrentar a los manifestantes, lo que resultó en 9 muertes y 32 heridos. El gobierno finalmente pagó una indemnización a las familias de los muertos y a los heridos”, recuerdan los acusadores en el documento.
Para los demandantes, Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín activaron una “estrategia” que incluía ajustes a la legislación boliviana con el fin de “usar fuerza militar letal para matar y aterrorizar a los civiles” y aplacar las protestas sociales. Exponen como pruebas la represión en el Chapare, zona de cultivadores de coca, con “al menos a ocho civiles” muertos por fuerzas militares sin ningún procesado hasta el momento.
Un mes después se instalaría un nuevo conflicto, esta vez tras que el entonces Presidente diera a conocer un ajuste tributario que daba lugar al congelamiento de salarios y un impuesto a la renta.
“Los Demandados utilizaron una fuerza militar letal injustificada contra civiles nuevamente en Febrero de 2003”, se lee en el documento en el parágrafo 43. Hacen una descripción de lo ocurrido en esos días. El conflicto se centró en plaza Murillo, centro del poder político, con muertos en filas de militares, policías y civiles por impactos de bala.
El objetivo es mostrar que Sánchez de Lozada usaba la represión como característica de su administración, en sus dos gobiernos, en clara vulneración de los derechos humanos.
El juicio está en curso. El juez James I. Cohn dispuso restricciones para que los involucrados no hagan declaraciones a la prensa. Aún no hay certeza del tiempo que demorará, pero se anticipa que serán varias semanas. (08/03/2018)
