El expresidente boliviano Gonzalo Sánchez de Lozada afirmó hoy ante el tribunal a cargo de una demanda civil presentada contra él en Estados Unidos que durante las protestas que provocaron su renuncia en 2003 trató de llegar a acuerdos con los manifestantes y sus líderes, sin éxito.
El dos veces presidente de Bolivia declaró hoy por primera vez en el juicio, pero los abogados de los demandantes, familiares de ocho personas muertas en esas protestas, desistieron de hacerle preguntas en las más de dos horas que estuvo hablando ante el juez James I. Cohn, lo que causó una visible sorpresa entre el público.
El juicio iniciado el 5 de marzo en los tribunales de Fort Lauderdale (Florida) es la etapa final de un proceso judicial que comenzó en 2007 y tiene también como demandado al exministro de Defensa de Bolivia Carlos Sánchez Berzaín, quien como el expresidente está asilado en Estados Unidos desde 2003.
Sánchez de Lozada, de 87 años y conocido como «Goni» por sus compatriotas, se presentó ante el tribunal como un hombre de «consenso» que siempre buscó el diálogo con los líderes de los movimientos que en octubre de 2003 convocaron a los bolivianos a salir a las calles para protestar por un plan para vender gas natural a Chile que promovía su Gobierno.
También señaló que, una vez que dejó la Presidencia y Bolivia, se preocupó de que se realizara una investigación independiente de lo que se conoce como «la guerra del gas» y escribió a la OEA y a la ONU para que asumieran esa tarea, como consta en varios documentos que presentaron sus abogados ante el tribunal.
«Quería clarificar todo, porque la historia la escriben los ganadores», señaló en su declaración ante el juez Cohn.
Sánchez de Lozada se reunió varias veces durante su Presidencia varias veces el hoy presidente de Bolivia, Evo Morales, que entonces era un dirigente cocalero y fue una de las figuras centrales de las protestas, según dijo ante el tribunal.
Entre 60 y 80 civiles murieron en la «guerra del gas» y más de 400 sufrieron heridas de arma de fuego, pero el juicio se circunscribe a ocho víctimas mortales.
Los familiares de esas ocho personas consideran responsables de sus muertes a los dos Sánchez y les exigen una indemnización, algo que deberá determinar un jurado compuesto por 10 personas.
Al ser un juicio civil ninguno de los dos políticos bolivianos está obligado a declarar.
El dos veces presidente, que habló hoy como testigo de la defensa, dijo que cuando estuvo en la Presidencia se mostró dispuesto a escuchar a los bolivianos para conocer cuáles eran para ellos las soluciones a los problemas del país y se ocupó de dejar siempre «puertas abiertas» para el diálogo.
También mencionó varios planes y programas que puso en marcha para atender a los más vulnerables y destacó que cuando las protestas crecieron dejó en suspenso el plan de exportar gas a Chile, país con el que Bolivia tiene un viejo contencioso territorial.
Durante su declaración los abogados mostraron cartas y mensajes cruzados con los manifestantes que bloqueaban El Alto, la ciudad vecina a La Paz donde está el aeropuerto, para llegar a un acuerdo, y también expusieron cartas dirigidas al líder aimara Felipe Quispe.
En la sala del tribunal estuvieron hoy la esposa de Sánchez de Lozada, Ximena Iturralde, y el otro demandado, el exministro Sánchez Berzaín.
Sánchez de Lozada, miembro del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), fue presidente de 1993 a 1997 y luego asumió un segundo mandato el 6 de agosto de 2002, que ejerció hasta su renuncia del 17 de octubre de 2003.
Según dijo hoy, cuando asumió en 2002 se encontró un país «en recesión y con muchos problemas sociales».
Los demandantes son Eloy Rojas Mamani, Etelvina Ramos Mamani, Felicidad Rosa Huanca Quispe, Gonzalo Mamani Aguilar, Sonia Espejo Villalobos, Juan Patricio Quispe Mamani, Teófilo Baltazar Cerro, Juana Valencia de Carvajal, Hermógenes Bernabé Callizaya y Hernán Apaza Cutipa. (20/03/2017)
