La Organización de Estados Americanos (OEA) se pronunció en 11 oportunidades sobre la resolución de la controversia marítima que sostienen Bolivia y Chile y este último respaldó tres de ellas; inclusive redactó «palabra por palabra» la emitida en 1983, con lo que abrió un escenario de diálogo con la mediciación de Colombia y admitió el carácter vinculante de los documentos del organismo que trató el asunto, afirmó este martes la abogada del equipo jurídico boliviano Amy Sander, en el segundo día de alegaciones orales de la demanda marítima.
“La Asamblea General de la OEA adoptó 11 resoluciones sobre la cuestión del acceso soberano al mar. La primera de estas resoluciones se adoptó en 1979, posteriormente se adoptaron resoluciones anuales hasta 1989 y el tema permaneció en la agenda de la Asamblea General hasta 2013, momento en que Bolivia interpuso esta cuestión ante la corte (de La Haya)”, dijo.
La jurista remarcó que ambas naciones son parte de este organismo y signatarias de sus acuerdos y “están vinculadas por sus términos”, que entre muchos aspectos fija que “la buena fe debe regir las relaciones entre los estados miembros” y que los diferendos se resuelven por la vía pacífica.
Para Bolivia —añadió la jurista— la OEA “ha identificado un diferendo entre Bolivia y Chile y adoptado una serie de resoluciones” sobre ese asunto que entregó a los dos países. Bolivia cuestiona a Chile por negar la validez jurídica de esos documentos.
El asunto estuvo presente en la agenda del organismo multilateral. El legajo de Chile desestima esas resoluciones como declaraciones e interacciones diplomáticas en el marco de una organización política regional, ninguna de las cuales creó ni confirmó obligación legal alguna, y declara que Bolivia ahora reconoce que estas resoluciones no pudieron crear obligaciones jurídicas. “Esto no es así”, enfatizó la abogada.
El país demandado aduce que rechazó la mayoría de esos documentos por no cuadrarse con su postura, pero Bolivia aclaró que esa premisa “no elimina las obligaciones a tenor de la Carta, pero en cualquier caso Chile se unió al consenso para tres de las resoluciones y mediante esta vía afirmó y creo una obligación vinculante específica”, remarcó .
De hecho, la resolución 426 de 1979 se tituló Acceso de Bolivia al Océano Pacífico. Las otras se titularon “El problema marítimo de Bolivia” o “El problema de Bolivia de acceso al mar” que declararon que “reviste interés continuo hemisférico que se halle una solución equitativa para que Bolivia obtenga un acceso soberano apropiado” al mar.
Ocho de las diez siguientes resoluciones validaron la misma premisa con varios matices como la otorgación a Bolivia de una salida “territorial libre al Pacífico”.
“Las 11 resoluciones identificaban, todas, la negociación como el procedimiento pacífico recomendado. En algunas ocasiones se hablaba de recomendaciones en otras de diálogo” y “Chile sí se unió al consenso en tres ocasiones distintas”, dijo Sanders.
La primera es la Resolución 481 de 1980 que declaró al asunto como “de interés permanente del continente (y ) que se hallará una solución equitativa a tenor de la cual se asegurará a Bolivia un acceso soberano y útil al Océano Pacífico”.
La segunda es la Resolución 560 de 1981 que recogió similar fundamento y la última fue la 686, de 1983, que recomendó a ambos países a comenzar “un proceso de acercamiento” dirigido a la normalización de la relaciones diplomáticas y buscar una “fórmula para dar a Bolivia una salida soberana al Océano Pacífico”.
Esta última —explicó Sander— fue negociada cuidosamente por las partes con los oficios de Colombia que culminó en reuniones en la sede de la OEA en noviembre de ese mismo año ”donde cada palabra de cada párrafo fue objeto de debates y acordada por Chile” antes de que sea de conocimiento de la Asamblea General de ese organismo.
- La Resolución de la OEA 766 que enumera las otras que tocaron el tema del mar.
“Bolivia alega que estas tres resoluciones reafirmaron la obligación legalmente vinculante de Chile de negociar y crearon una obligación vinculante específica”, remarcó la jurista inglesa.
«Esta Corte ha reconocido que una recomendación emitida por un órgano de una organización política a dos Estados a afectos de que en intentarle negociaciones puede dar lugar a una obligación de negociar en circunstancias en que la partes acepten esa recomendación”, añadió.
A todas esas declaraciones le precedieron el pronunciamiento de 1975 del Consejo Permanente de la OEA en la que se proclamo que Bolivia y su falta de Litoral era un “tema de preocupación para el hemisferio y que todos los Estados americanos ofrecen cooperar para hallar soluciones confirme a los principios del derecho internacional y en particular a la Carta de la OEA».
Chile declaró su acuerdo con la aprobación de la declaración “y al hacerlo reiteró el espíritu de la declaración de Charaña”, puntualizó la jurista. Ambos países habían gestado el denominado “Abrazo de Charaña” que trató de resolver el diferendo a través de una cesión de un corredor hacia el océano a cambio de territorio boliviano.
“Sin embargo, la pertinencia jurídica de una resolución, o como es el caso en esta causa, una serie de resoluciones, no se pueden negar por completo incluso si constituyen recomendaciones. Bolivia alega que las recomendaciones de la OEA efectivamente tienen un efecto jurídico”, destacó la jurista ante el tribunal de La Haya. (20/03/2018)
