La primera ronda de alegatos orales concluyó este viernes y los equipos de Bolivia y Chile se alistan para encarar la segunda ronda de la próxima semana. El equipo jurídico chileno cerró esta fase con el pedido a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de rechazar la demanda tras argumentos como el que la Constituciòn Política de Bolivia de 2009 dio un giro al diálogo bilateral iniciado en 2006 sobre el mar.
Para los letrados, la Constitución Política del Estado ejerció presión sobre el Gobierno para plantear el juicio, ya que en el diálogo abierto en 2006 no se habló de soberanía sino de propuestas útiles, factibles y efectivas. Dijeron que el presidente Evo Morales fijó en 2011 cinco días para que Chile haga una propuesta y ante la falta de respuesta, coincidente con el Día del Mar, anunció el juicio.
Durante el jueves y viernes, el equipo chileno expuso sus argumentos en la primera ronda de los alegatos orales centrado en intentar mostrar que en ninguna de las negociaciones bilaterales se dio condiciones para hablar de obligaciones de negociar. Es más, aseguraron que ni se conversó de soberanía excepto en las fallidas conversaciones de 1975mque terminaron en el llamado Abrazo de Charaña.
Morales siguió en la Residencia Presidencial, en la zona de San Jorge de La Paz, el segundo día de la exposición de los argumentos chilenos. Poco después se trasladó hasta la plaza Abaroa para participar del homenaje al héroe de la defensa del Topater Eduardo Abaroa en el Día del Mar.
Samuel Wordsworth continuó este viernes la intervención que ayer no había podido acabar en el plazo fijado para esa audiencia, tres horas. Insistió en que las conversaciones de 1950 y 1975 no tienen efectos jurídicos, pero además dijo que no se avanzó en las negociaciones del 75 porque Bolivia rechazaba el canje territorial propuesto por Chile.
Mónica Pinto, otra de las juristas, se dedicó a esgrimir que las 11 resoluciones de la Organización de Estados Americanos (OEA) a favor del diálogo marítimo tampoco tienen efecto vinculante y que se dieron en un momento de aislamiento chileno por la presencia de la dictadura. Añadió que tras esas resoluciones, durante toda la vida democrática no hubo otro pronunciamiento.
No hay, dijo, en la redacción de esos documentos más que invocaciones enmarcadas en lo político, mientras que las negociaciones denominadas del Enfoque Fresco las redujo a negaciones en las que no se habló de soberanía como, insistió, caracterizaría a los pocos eventos posteriores con una mirada renovada y en la línea chilena de negarse a cualquier cesión territorial.
Eduardo Rodríguez, el agente boliviano, estuvo liderando como lo hizo ayer el equipo jurídico en la audiencia en el Palacio de la Paz. Al final de esta primera ronda y en una conferencia de prensa en la puerta de la corte, aseguró que la “demanda está clara” y reiteró que el pedido es que la Justicia declare la obligación de Santiago de negociar a partir de sus compromisos un acceso soberano al Pacífico.
Justamente lo que la parte contraria trata de eludir. Ben Juratowitch centró su defensa en detallar las conversaciones iniciadas en 2006 durante el gobierno de Michelle Bachelet y que prosiguieron hasta 2011, en el primer gobierno del hoy reelecto Sebastián Piñera. Como sus antecesores, en este caso también dijo que no generaron obligación de negociar.
Esas conversaciones se instalaron sobre una agenda de 13 puntos, en el que estaba la causa marítima. Para los abogados de la defensa los términos de esas conversaciones ya sentaban los términos de las nuevas relaciones sobre la temática marítima, ya no se hablaba de sobreanía sino de negociación útil, factible y efectiva.
Las conversaciones fueron congeladas en 2011 ante la falta de respuesta de Piñera al pedido de una propuesta de solución. Morales reveló en varias oportunidades que en ese largo período de negociación fue formado un equipo reservado de trabajo, en el que por Bolivia estaba la extinta legisladora Ana María Romero.
Ese equipo, incluso, a decir de Morales, habría sobrevolado la región que se exploraba para una salida al Pacífico. Piñera, por su lado, habría planteado territorio en comodato.
Según los letrados, esas conversaciones no llegaron a nada luego que La Paz anunciara el juicio en un tribunal internacional. Atribuyen que esa decisión fue tomada por la presión de la Carta Magna que en parte de su artículo 267 establece que la “solución efectiva al diferendo marítimo” y “el ejercicio pleno de la soberanía sobre dicho territorio constituyen objetivos permanentes e irrenunciables del Estado boliviano”.
“Chile había estado declarando durante muchos años que no negociaría la transferencia de territorio soberano. Empezó la negociación en base a ese principio pero en 2011 la posición de Bolivia cambió debido a una nueva Constitución que busca una transferencia soberana”, sostuvo Juratowitch.
Harold Koh cerró la participación chilena con una especie de resumen de lo planetado en las dos últimas jornadas como el principio de respeto del Tratado de 1904, que fijó los límites tras la invasión y posterior guerra del Pacífico, y advirtiendo a los jueces que un fallo favorable a Bolivia podría sentar un precedente negativo en la relación de los Estados.
“Esto signficaría que esta corte tendría que estar de guardia cerca de todas las negociaciones diplomáticas”, afirmó y pidió que la demanda boliviana sea rechazada. (23/03/2018)
