El suspenso aumentaba este lunes en un tribunal en Fort Lauderdale, sur de Florida, donde el jurado parecía incapaz de llegar a un acuerdo en el caso civil contra el expresidente boliviano Gonzalo Sánchez de Lozada, acusado de crímenes contra la humanidad por familiares de ocho aymaras.
Los diez miembros del jurado no se declararon estancados al terminar su sesión este lunes, pero tampoco llegaron a un veredicto en su quinto día de deliberaciones para decidir si Sánchez de Lozada y su exministro de Defensa, Carlos Sánchez Berzaín, son responsables o no de una masacre de indígenas en Bolivia en 2003.
Sánchez de Lozada, de 87 años, es el primer expresidente en ir a juicio en Estados Unidos por abusos de derechos humanos, de acuerdo al Center For Constituional Rights (CCR), que representa a los demandantes.
«Es muy inusual que un jurado delibere por más de cuatro días sin preguntar qué hacer o sin declararse en punto muerto», comentó el juez federal James Cohn a los abogados de ambas partes.
Si un jurado se declara en «punto muerto» o estancado, es razón para que el juez declare «nulo» el juicio.
Al terminar la jornada, abogados de ambas partes acordaron preguntar a los jurados si estaban haciendo progresos y si tenían noción de cuánto más demorarán en llegar a un veredicto.
«En este momento no podemos determinar cuánto tiempo nos tomaremos», respondieron en una nota al juez Cohn.
El abogado de la defensa, Stephen Raber, pidió al juez que considere apelar al «Allen charge», un mecanismo judicial que permite presionar al jurado para que tome una decisión, sugiriendo a quienes estén discordando que consideren cambiar su opinión y ajustarse a la mayoría.
«Sí, siento que tenemos que hacer algo», respondió el juez, instruyendo una investigación sobre qué precedentes existen en la aplicación del «Allen charge» en casos civiles donde el jurado no se declara estancado.
El juicio tiene lugar gracias a una ley estadounidense que permite enjuiciar civilmente a acusados de torturas o ejecuciones extrajudiciales, aunque todas las partes sean extranjeras y el supuesto crimen haya sido cometido en el exterior.
En este caso, los familiares de ocho bolivianos muertos en la alegada masacre buscan indemnizaciones por parte de ambos políticos por «matanzas extrajudiciales, crímenes contra la humanidad y homicidios culposos» entre septiembre y octubre de 2003, según el texto de la demanda.
El 17 de octubre de 2003, los vecinos de El Alto, ciudad próxima a La Paz, se rebelaron contra el gobierno en un clima de intenso conflicto social. El gobierno sacó tanquetas militares a las calles y murieron más de 50 personas, casi todas de la comunidad aymara.
Sánchez de Lozada dimitió ese día y huyó hacia Estados Unidos. Lo sucedió el vicepresidente Carlos Mesa y tras las elecciones, en 2006 asumió Evo Morales, el primer presidente aymara de Bolivia.
Durante los testimonios, asistieron al tribunal los demandantes aymara; las mujeres vestidas con faldas tradicionales y el largo cabello trenzado. Del otro lado de la sala, contrastaba el equipo del expresidente con sus trajes negros.
La suerte del expresidente y su entonces ministro la decide un jurado compuesto por seis afroestadounidenses, tres blancos y un hispano de origen venezolano, el único que el día de la selección dijo tener cierta noción de la política boliviana. Todos ignoraban los hechos de 2003.
Los abogados de «Goni» buscaron llamar la atención de los jurados haciendo frecuentes alusiones al hecho de que los demandantes defienden el cultivo de coca, aclarando siempre que ésta es la materia prima de la cocaína y sin necesariamente mencionar que su cultivo es tradicional en la cultura aymara.
Los abogados de los demandantes, de su lado, buscaron la simpatía del jurado con los relatos de abuso policial cometidos durante los disturbios y las expresiones racistas expresadas por el alto mando militar contra los indígenas aymara. (02/04/2018)
